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Fecha: 21/08/2025 22:50
La Convención Constituyente de Santa Fe decidió ampliar el catálogo de la Carta Magna con cinco nuevos derechos: ciencia y técnica, medio ambiente, defensa del consumidor, agua y entornos digitales. La decisión se presentó como un avance “histórico”, pero abre un debate inevitable: ¿son conquistas reales o simples expresiones de deseo que pueden derivar en nuevas obligaciones imposibles de cumplir? En la sesión, Alejandra Rodenas —presidenta de la Convención— enumeró sonriente cada uno de estos derechos, celebrando su incorporación. Sin embargo, el contraste fue evidente: ninguno de ellos está acompañado de definiciones sobre financiamiento ni de un plan para su implementación, lo que los convierte en potenciales cláusulas simbólicas o, peor aún, en una cascada de prestaciones gratuitas a cargo del Estado. Un gesto que puede terminar siendo un tiro en el pie para el propio gobierno, obligado a cargar con demandas que difícilmente pueda atender. ¿De qué se trata cada nuevo derecho? Ciencia y técnica La Provincia reconoce a la ciencia, la tecnología y la innovación como un bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta estratégica para el desarrollo socio productivo, sustentable e inclusivo. Se impulsa un sistema de innovación con institucionalidad, políticas públicas y recursos que aseguren acceso equitativo, investigación, transferencia tecnológica y articulación con universidades y organismos de ciencia y tecnología. Medio ambiente Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, así como el deber de protegerlo con enfoque intergeneracional. El ambiente es declarado un bien colectivo y la Provincia establece sistemas de protección de la naturaleza, de las especies nativas y de los ecosistemas, adoptando medidas contra el cambio climático y comprometiéndose con una transición ecológica y energética. Defensa del consumidor La Provincia protege los derechos de consumidores y usuarios, quienes gozan del derecho a la dignidad, a la información, a la educación, a la salud, al consumo sustentable y seguro, a la privacidad y a la reparación integral. Se garantiza acceso gratuito a la justicia y se adoptan medidas para prevenir abusos, cláusulas contractuales abusivas, publicidad engañosa, sobreendeudamiento y riesgos en entornos físicos y digitales. Agua El agua se declara un bien colectivo de uso común, esencial para la vida humana y de los ecosistemas, con función social y ambiental. Toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento. El Estado debe gestionar los recursos hídricos de manera sostenible, preservar cuencas hidrográficas y humedales, e impulsar acuerdos con otras jurisdicciones para garantizar seguridad hídrica y equidad intergeneracional. Entornos digitales Se establece que todos los derechos constitucionales son aplicables en entornos digitales. Toda persona tiene derecho al acceso universal y asequible a la tecnología, la conectividad y la infraestructura digital. Se garantiza alfabetización digital, privacidad, protección de datos personales y transparencia en el uso de sistemas automatizados o algorítmicos, especialmente en casos de inteligencia artificial. El Estado debe adoptar políticas de ciberseguridad y garantizar un espacio digital libre de violencia. Reforma con acento populista La incorporación de estos derechos refleja una tendencia cada vez más extendida: llenar las constituciones de promesas atractivas pero incumplibles. Como advierte el jurista Garret Edwards, “constitutionalizar aspiraciones puede ser más simbólico que efectivo” si no se define quién garantiza esos derechos ni con qué recursos. El resultado no es la ampliación de garantías efectivas, sino la creación de expectativas que, al no cumplirse, se transforman en una carga simbólica sin aplicación real. Edwards plantea una pregunta incómoda: “¿Quién financia esa universalidad? ¿El Estado, las empresas, los contribuyentes? ¿Y qué pasa si el Estado no puede cumplir lo que promete?”. Son interrogantes que desnudan el costado voluntarista y, al mismo tiempo, populista de la reforma: la incorporación de cláusulas grandilocuentes que suenan modernas y seductoras, pero que carecen de sustento concreto. En lugar de fortalecer el marco republicano y brindar certezas jurídicas, la Convención corre el riesgo de vaciar de fuerza normativa a la Constitución, debilitando su rol de regla suprema. Como enfatiza Edwards, una Constitución debería “organizar el poder, proteger libertades fundamentales y funcionar en tiempos de normalidad y de crisis”, no convertirse en un listado de buenas intenciones atado a tecnologías y demandas sociales que envejecen rápido o resultan imposibles de sostener. La foto de Rodenas celebrando sonriente la incorporación de este paquete de nuevos derechos sintetiza bien la escena: un gesto político que busca capitalizar en el presente, aun cuando las consecuencias a futuro puedan ser costosas, conflictivas y de difícil cumplimiento. Una reforma que, con su acento populista, puede terminar generando más frustración que certezas.
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