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» tn24
Fecha: 21/08/2025 14:41
Con 143 votos a favor, la Cámara de Diputados sancionó una norma que establece un reparto diario y automático del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, reduciendo la capacidad del Poder Ejecutivo de decidir discrecionalmente sobre estos recursos millonarios. La ley no alcanza los dos tercios necesarios para blindarla ante un veto presidencial. En una jornada decisiva para las finanzas provinciales, la Cámara de Diputados sancionó la ley que garantiza un reparto automático y diario de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo estimado este año en alrededor de $1 billón. La norma, promovida inicialmente por los 24 gobernadores para evitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, recibió 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, quedando habilitada pero sin blindaje frente a un eventual veto del presidente Javier Milei. El nuevo mecanismo establece que el 41,2% de los ATN permanecerá en manos de la Nación y el 58,8% se distribuirá automáticamente entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. Según los cálculos de los mandatarios provinciales, esto implica un impacto fiscal mínimo, equivalente al 0,03% del PBI o $253.000 millones, sin generar gasto adicional, ya que son recursos que legalmente corresponden a los distritos. Si bien la iniciativa contó con amplio respaldo al inicio, la unidad se fracturó por acuerdos electorales con La Libertad Avanza. Gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (CABA) y Marcelo Orrego (San Juan) instruyeron a sus legisladores a votar en contra, mientras que Ana Clara Romero (Chubut) optó por abstenerse. El oficialismo intentó frenar la norma mediante un dictamen de minoría en la Comisión de Presupuesto, que proponía mantener la discrecionalidad presidencial para atender emergencias y obligaba a coparticipar únicamente los remanentes anuales. Sin embargo, el texto con media sanción del Senado terminó imponiéndose y ahora queda en manos del Ejecutivo decidir si lo promulga o veta. La ley marca un cambio histórico en la distribución de recursos entre Nación y provincias, fortaleciendo la previsibilidad financiera de los distritos y reduciendo la discrecionalidad política.
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