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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 21/08/2025 14:14
El pedido se presentó este miércoles ante el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, quien dejó supeditada su decisión. El acuerdo comprende una pena de multa equivalente al 20% del daño causado al Estado provincial. Los imputados fueron acusados del delito de Peculado. Se les atribuyó dejar cheques en blanco del organismo firmados pero sin destinatario, lo que aprovechado por otra funcionaria que ya resolvió su situación procesal. Dos exfuncionarios del Consejo General de Educación (CGE) que fueron acusados del delito de Peculado imprudente, dejaron cheques firmados sin determinar la suma ni a quién estaban destinados, situación que fue aprovechada en su momento, entre marzo y diciembre 2021, por María Laura Miño, que era personal auxiliar del CGE, con funciones en el área contable de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná. Miño ya resolvió su situación procesal al igual que otra funcionaria. El fiscal Gonzalo Badano solicitó este miércoles el sobreseimiento y aclaró que el delito de Peculado imprudente contempla una pena de multa que será el equivalente al 20% del daño causado al Estado provincial, además de la reparación total del daño causado. Por su parte, Pablo Obeid, defensor de la imputada Adela Ramírez, que era directora Departamental de Escuelas al momento de los hechos; y de Daniel Alfredo Sale, que era coordinador General de la Dirección Departamental de Escuelas, informó en la audiencia que sus clientes repusieron el dinero apenas se conocieron los hechos. No obstante, ahora es probable que deban afrontar un nuevo pago. En el caso del hombre, el fiscal sostuvo que dejó firmados 23 cheques, mientras que Ramírez estampó su firma en 19. Badano explicó que “para poder lograr la extinción de la acción penal y consecuentemente también el sobreseimiento, el Código Penal establece dos requisitos: por un lado, es que se paguen las multas y, por otro, la reparación del daño”. El fiscal consignó que “el CG nos informó que el perjuicio ya no estaría más presente. Por tanto, este aspecto estaría saldado. Lo que sí restaría es el pago voluntario mínimo de la multa. En este caso establece una multa del 20%. Por lo cual deberían, en este caso, los imputados, pagar la suma de todos los cheques que están imputados”. Vergara pidió que le informen los montos finales actualizados, ya que a mayo de 2024 Sales tenía que pagar 254.000 pesos y Ramírez 184.000 pesos. Esos montos deberán ser actualizados. El caso La causa se inició con cuatro imputados, de los cuales dos ya solucionaron sus cuestiones judiciales. Los hechos datan de 2020-2021. La primera que arribó a un acuerdo con la justicia fue María Laura Miño, quien firmó un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y aceptó cumplir la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional. Miño fue acusada de apoderarse de 1.434.172 pesos del estado provincial entre noviembre de 2020 y marzo de 2022. La mujer tomó los cheques, colocó sus datos y los montos fueron acreditados a su caja de ahorro en el Nuevo Banco de Entre Ríos. La condenada reconoció que insertó sus datos personales como destinataria y presentó al cobro 26 caratulares que se encontraban previamente firmados por dos de los funcionarios del organismo habilitados para su libramiento, entre quienes se encontraba Ramírez, Sale y Sandra Arener, que responsable de la División Contabilidad, Registro de Operaciones y Pago de haberes de la Dirección Departamental de Escuelas. La segunda que acordó fue Arener, quien dejó nueve cheques firmados entre marzo de 2021 y diciembre de 2021, sin determinar la suma ni a quién estaban destinados, lo que fue aprovechado por Miño. La pena de multa que se acordó en el caso de Arener fue de 130.000 pesos de los 636.800 que se sustrajeron mediante la firma de nueve cheques, publicó APF.
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