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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 21/08/2025 09:44
La Fiscalía de Estado de Entre Ríos defendió su legitimidad para actuar como parte civil en la megacausa de los “Contratos Truchos” de la Legislatura. En una audiencia clave, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, ratificó que el organismo provincial reclama una reparación de 392 millones de pesos por el perjuicio patrimonial estimado, una cifra que contrasta con los 2.000 millones de pesos que calcula el Ministerio Público Fiscal. La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, escuchó los argumentos de la Fiscalía y de las defensas, y deberá resolver si autoriza al organismo a avanzar con la demanda civil. «Acá está el Ministerio Público Fiscal ejerciendo la acción penal, los defensores cumpliendo con la defensa, y la Fiscalía de Estado procurando la reparación del daño», afirmó Rodríguez Signes, quien destacó que su función es la de defender los intereses del Estado provincial. Sin necesidad de aval del Tribunal de Cuentas En la audiencia, Rodríguez Signes desestimó el argumento de que la Fiscalía de Estado necesita una habilitación previa del Tribunal de Cuentas para iniciar acciones legales. El funcionario explicó que el artículo 49 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas corresponde a un marco normativo obsoleto. «A mí nadie me dice cuándo, cómo y dónde, excepto la ley y la Constitución», enfatizó. El fiscal de Estado argumentó que su intervención como «actor civil» en el proceso penal es fundamental para garantizar la defensa del interés público y agilizar la reparación del daño, especialmente en una causa tan compleja. «Si la Fiscalía de Estado no intervenía, teníamos que esperar quién sabe cuánto tiempo hasta que quede firme una sentencia», sostuvo, y agregó que la decisión se tomó por «razones institucionales y de economía procesal». El organismo se constituyó como parte civil en el proceso y, según Rodríguez Signes, no tiene otra opción más que presentar la demanda o desistir tácitamente, ya que la estructura del Código Procesal Penal está diseñada para que el Estado provincial, como damnificado, ejerza la acción de reparación de forma accesoria a la acción penal. La Fiscalía de Estado solicitó a la jueza Castagno que rechace los planteos de la defensa sobre prescripción y defecto legal, y que estas cuestiones se discutan durante el juicio. Al finalizar la audiencia, la magistrada pidió a las partes que envíen los videos de las declaraciones de los imputados y las resoluciones de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, que habían sido cuestionadas por las defensas. (con información de Analisis) compartir
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