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Parana » Ahora
Fecha: 20/08/2025 04:25
La audiencia de Apelación en la causa “Contratos” llegó a su fin este martes. Así lo anunció la jueza del Tribunal de Juicio y Apelación, Carolina Castagno, tras escuchar la exposición firme y cargada de contenido jurídico del Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, quien estuvo acompañado por el adjunto Martín Rettore. Rodríguez Signes respondió a los cuestionamientos de las defensas de los 18 imputados, defendiendo la legitimidad y necesidad de la demanda civil interpuesta por el organismo provincial. Hay una clara diferencia en números entre lo que reclamará Fiscalía de Estado (FE) y lo que sostiene el Ministerio Público Fiscal (MPF) como perjuicio. FE pedirá la reparación general de un daño estimado en 392.000.000 de pesos, que surgen de la suma obtenida de los contratos investigados como ilícitos. El MPF sostiene un daño de 2.000.000.000 pesos. Rodríguez Signes no se limitó a refutar argumentos. Su intervención fue una reivindicación del diseño institucional que la reforma constitucional de 2008 instauró en Entre Ríos. En ese marco, explicó que la Fiscalía de Estado actúa como parte damnificada en el proceso penal, buscando la reparación del daño patrimonial. “Nosotros no podemos hacer otra cosa”, expresó, dejando en claro que su función está atada al proceso penal y no puede disociarse de él. Uno de los momentos más enfáticos del alegato fue la defensa de la autonomía de la Fiscalía frente a otros órganos de control. “A mí nadie me dice cuándo, cómo y dónde, excepto la ley y la Constitución”, afirmó Rodríguez Signes, en alusión a los planteos que sugieren que el Tribunal de Cuentas debería habilitar la acción civil. Rechazó esa idea con contundencia, recordando que la mayoría de las acciones de reparación patrimonial se ejercen sin intervención de dicho Tribunal. La exposición también sirvió para poner en evidencia los desafíos que plantea la convivencia entre normas anteriores a la reforma constitucional y el nuevo sistema acusatorio. Rodríguez Signes llamó a una interpretación sistemática del orden jurídico vigente, señalando que artículos como el 49 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas deben ser leídos a la luz del nuevo paradigma constitucional. “Estamos construyendo derecho”, dijo el Fiscal de Estado, reconociendo que muchas de las conductas procesales actuales son inéditas y responden a un contexto institucional renovado. En este nuevo escenario, el juez cumple funciones de garantía y el Ministerio Público Fiscal lidera la acción penal, mientras que la Fiscalía de Estado se posiciona como actor civil con voz propia. Los acusados son: Alfredo Bilbao; Flavia Beckman; Hugo Mena; Ariel Faure; Jorge De Breuli; Gustavo Hernán Pérez; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Hernán Javier Díaz; Marta Pérez; Pedro Eduardo Opromolla; Maximiliano Degani; Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
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