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» Tumisiones
Fecha: 19/08/2025 20:17
Fabiana León, junto al auxiliar fiscal Nicolás Codromaz, solicitó este martes que se condene a penas de hasta 4 años y 8 meses de prisión al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido (75), y al exsubsecretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta (52) La titular de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Fabiana León, junto al auxiliar fiscal Nicolás Codromaz, solicitó este martes que se condene a penas de hasta 4 años y 8 meses de prisión al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido (75), y al exsubsecretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta (52), por su presunta responsabilidad en maniobras fraudulentas vinculadas a la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) en el marco del Programa Energía Total (PET). También pidió cuatro años de prisión para el empresario Roberto Nicolás Dromi San Martino (51), exdirector de Diligentia S.A., como partícipe necesario del delito. Según la acusación, las operaciones ocasionaron un perjuicio económico al Estado superior a los 5,5 millones de dólares en concepto de comisiones indebidas. León solicitó además que a De Vido y Baratta se les imponga la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el decomiso del dinero incautado en allanamientos, la restitución del monto sustraído más intereses y el embargo de bienes de los imputados y de las sociedades involucradas. “Los acusados delinquieron con plena conciencia de su rol institucional y en abuso de su posición pública”, afirmó la fiscal durante su alegato, en el que calificó las maniobras como “un esquema sistemático de contratación fraudulenta” que desvió fondos públicos a empresas sin antecedentes técnicos. El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, integrado por los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori. El proceso se inició tras denuncias presentadas en 2014 por referentes políticos y organizaciones civiles, que advirtieron posibles irregularidades en las importaciones de GNL realizadas por el Ministerio de Planificación y ENARSA. De acuerdo con la fiscalía, entre 2008 y 2009 se adquirieron once cargamentos de gas, de los cuales cinco fueron gestionados por intermediarios sin licitación pública ni respaldo técnico, lo que generó sobreprecios y comisiones arbitrarias por más de cinco millones de dólares. Tras el pedido de penas, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio. El debate se reanudará el próximo martes 26 de agosto con los alegatos de las defensas de De Vido, Baratta y Dromi San Martino.
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