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» Amanecer
Fecha: 19/08/2025 13:02
El director de Integrar Reconquista, Ramiro Ramos, se pronunció tras el reciente fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inválido el veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida, que dio lugar parcialmente a un amparo presentado por dos personas contra el Estado Nacional, marca un precedente judicial clave, aunque solo tiene efectos en ese caso puntual. El tribunal declaró la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había vetado en su totalidad la Ley 27.793. Si bien la resolución no tiene alcance general, se trata de la primera sentencia que limita los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad, abriendo la puerta a futuros reclamos judiciales en todo el país. “Es una buena noticia. Mañana se debate el veto de esta ley y este fallo debe estar sobre la mesa de todos los legisladores. No se puede recortar en discapacidad, no se negocian vidas ni calidad de vida por dinero. Espero que los legisladores acompañen la Ley y no permitan el veto”, sostuvo Ramos. El referente de Integrar recordó que en Reconquista funcionan siete instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. En el caso de Integrar, 130 personas reciben atención diaria y trabajan allí 70 profesionales, además de transportistas y proveedores, generando un importante movimiento económico y laboral. Ramos también aclaró que el financiamiento del sistema de discapacidad no proviene directamente del Estado, sino de fondos de obras sociales, prepagas y un esquema solidario que sostienen los propios trabajadores. “El Estado debe hacerse cargo de la pobreza y de quienes están fuera del sistema. No se trata de recortar prestaciones a quienes ya cuentan con cobertura, sino de encontrar soluciones para quienes realmente están desprotegidos”, afirmó. En esa línea, criticó la política del Gobierno nacional: “Está bien auditar, pero hay que ser justos. No se puede dejar sin apoyo a personas que necesitan contención. El Estado tiene que cambiar la mirada sobre la discapacidad, anticiparse y generar legislaciones acordes. La emergencia es un parche, pero da tiempo para repensar el sistema”. Finalmente, subrayó que en Argentina más de 4 millones de personas viven con discapacidad y que la discusión no puede reducirse a un cálculo económico: “Hay que poner humanidad en el debate, no se puede seguir detrás del carro. La discapacidad no se negocia”.
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