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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 17/08/2025 06:41
La Asamblea del Año XIII abrió sus sesiones el 31 de enero de 1813 La democracia liberal, con raíces en la Inglaterra del siglo XVII pero desarrollada a fines del XVIII con la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa, articuló un modelo constitucional mediante la soberanía popular, la igualdad jurídica de los ciudadanos, el gobierno limitado y la protección de derechos inalienables, bajo un sistema de representación directa o indirecta con contrapesos institucionales. La comunicación política de entonces estaba mediada por la prensa, el club político y las tribunas públicas, sin posibilidad de interacción directa con los gobernantes. Dicha estructura de mediación representativa fue progresiva y radicalmente alterada por el desarrollo de los medios de comunicación masiva y, más recientemente, por la irrupción de las tecnologías digitales. Como resultado, la esfera pública altamente mediada, lenta y controlada, donde el raro acceso a los representantes era por cartas o intermediarios, pasó a ser un ámbito hiperconectado con una interacción directa e inmediata entre representantes y representados en tiempo real, incluyendo a las más altas autoridades políticas. Esta interacción, sin filtro institucional, transformó el vínculo representativo cuyo cambio no fue acompañado en términos políticos estructurales debilitando la legitimidad institucional representativa. Y aquí no me refiero al carácter personal de la representación política como la actuación del representante en función del mandato conferido por el representado, lo cual ya está en grave crisis por la transgresión permanente a dicho contrato, sino a la institucionalidad representativa. Así, desde el siglo XVIII las democracias liberales han organizado su vida política en torno a un sistema representativo sustentado en tres pilares actualmente erosionados: a) la intermediación institucional con parlamentos, partidos políticos y prensa; b) la distancia simbólica, formal y funcional entre representantes y representados; c) la deliberación pública canalizada por foros y medios regulados. Como demuestra Ralph Negrine, la aparición de la radio y la televisión desarrolló un nuevo tipo de cercanía alterando la relación representante-representado. Los líderes hablan directamente al pueblo, aunque siempre a través de canales controlados mediante la programación o editoriales. El acceso directo sigue siendo excepcional y la imagen pública se construye en escenarios cuidadosamente mediatizados. Pero esta mutación de la relación vertical y mediada en una horizontal e interactiva se profundiza con la llegada de internet y, especialmente, de las redes sociales, a fines del siglo XX y principios del XXI. Cualquier ciudadano puede mencionar o enviar un mensaje a un presidente, gobernador o legislador en cuestión de segundos, y en muchos casos recibir una respuesta pública. Este acceso sin precedentes minimizó toda distancia institucional desapareciendo la inaccesibilidad del líder, pudiendo cualquier persona entrar en una conversación pública. La otrora jerarquía comunicacional se diluyó por cualquier mensaje que puede viralizarse y alcanzar tanta o más difusión que el discurso oficial. Y tampoco la agenda está controlada jerárquicamente porque temas marginales pueden adquirir centralidad política a partir de interacciones en redes. Zizi Papacharissi y Cass Sunstein demuestran que las consecuencias para la representación política institucional en este nuevo entorno generan beneficios y perjuicios. Mayor transparencia, capacidad de fiscalización ciudadana, pluralidad de voces y canales de denuncia directa; pero también debilidad en las instancias deliberativas formales, personalización extrema de la política, incentivo de la comunicación reactiva en lugar de estratégica, y respuestas a demandas fragmentadas y efímeras en lugar de programáticas. Así, la institucionalidad política bajo la premisa de que la información circula lentamente, la opinión pública se forma en plazos amplios y las decisiones maduran en deliberaciones graduales y jerarquizadas, no se ha adaptado a la sobreabundancia de datos, la viralización instantánea y la interacción directa y permanente entre representantes y representados generando un entorno de toma de decisiones en tiempo real. Todo ello erosionó la capacidad de liderazgo de los órganos representativos e incentivó un cortoplacismo reactivo desvirtuando el rol de equilibrio, sostenibilidad política y justicia distributiva más allá de las fluctuaciones inmediatas de la opinión pública. Estas transformaciones profundas y acumulativas reconfiguraron la teoría de la representación, donde acorde a Hanna Pitkin, el pueblo elegía a representantes que, dotados de un mandato general, debatían y decidían en nombre de sus electores actuando en función del interés general, y donde la legitimidad derivaba de la calidad deliberativa y la estabilidad institucional. Ahora, el representante actúa como mero transmisor de microdemandas difíciles de armonizar, primando la reacción rápida a trending topics por sobre el debate programático, y la voluntad popular se fragmenta en miles de pequeños y puntuales reclamos. Y así el representante pierde su autoridad como decisor contramayoritario en nombre del bien común. El informe del Pew Research Center “Americans’ Dismal Views of the Nation’s Politics (2023)”, muestra que en Estados Unidos la sobreexposición directa de líderes a redes sociales aumenta la polarización afectiva y favorece ciclos de retroalimentación negativa. Es decir, críticas virales conllevan respuestas inmediatas del líder las que a su vez producen más polarización. Dicho estudio evidencia además la contribución de los algoritmos en las plataformas a la polarización, brindando a los usuarios noticias y contenidos que refuerzan sus creencias previas, creando así cámaras de eco y burbujas de filtro. Este fenómeno afecta la calidad del discurso público, fomenta la división social y debilita la legitimidad democrática al distorsionar y atomizar la conversación política. Todo ello subraya la necesidad de políticas e intervenciones que promuevan un consumo de información más diverso y reduzcan los efectos negativos del diseño algorítmico, permitiendo la construcción de un diálogo público equilibrado y plural. Además, este acceso e interacción directa entre representante y representado incentiva al último a evaluar al primero por gestos y mensajes instantáneos, en lugar de políticas sostenidas. Los partidos políticos fueron desplazados como intermediarios estables, surgiendo ahora liderazgos personalistas apoyados en redes, y una medición instantánea de popularidad mediante likes, retuits, seguidores o hashtags, que sustituyen al voto periódico como termómetro de legitimidad. A ello se suma el debilitamiento del periodismo profesional como filtro de calidad y contexto, facilitando la desinformación y la manipulación algorítmica, que distorsionan la conversación pública. Luego, desde las asambleas de Filadelfia y París hasta los hashtags virales, el principio de soberanía popular y la representatividad institucional en las democracias liberales ha pasado de operar en un espacio restringido y mediado a un entorno de comunicación directa y global, donde las instituciones políticas no se han adaptado al nuevo ecosistema digital. Razón por la cual Pippa Norris identifica un patrón global de “desafección democrática”, donde los ciudadanos mantienen un alto apoyo a la idea de democracia, pero una baja confianza en la representación institucional. Por eso, y evitando que el debilitamiento en las formas de representación posibilite el surgimiento de regímenes autoritarios, resulta necesario renovar el pacto representativo en el siglo XXI. Bajo este lineamiento, algunas cuestiones que sin demoras deben pensarse son: a) nuevas formas de institucionalizar canales digitales de participación que estructuren el diálogo representante-representado, evitando reducir la política a interacciones unipersonales en redes; b) incentivar medios de calidad y transparencia algorítmica, evitando sesgos de confirmación; c) implementar modelos de representación híbrida que combinen el parlamentario tradicional con mecanismos digitales de consulta ciudadana vinculante en temas clave, garantizando seguridad y trazabilidad; d) adoptar sistemas de mandato condicionado mediante evaluaciones ciudadanas intermedias por referendo digital certificado, que permitan ratificar o rectificar el rumbo de la gestión sin necesidad de esperar el fin del mandato. Conclusión, es menester reconstruir la legitimidad representativa institucional integrando la accesibilidad digital sin perder las funciones esenciales de mediación, deliberación y defensa del interés general. Porque cada ciclo electoral sin esta adaptación agrava la desconfianza ciudadana en las instituciones y la polarización política, deslegitimando cada vez más la representatividad y acercándose al punto de no retorno donde triunfan los liderazgos autoritarios.
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