15/08/2025 04:34
15/08/2025 04:33
15/08/2025 04:31
15/08/2025 04:31
15/08/2025 04:30
15/08/2025 04:30
15/08/2025 04:30
15/08/2025 04:30
15/08/2025 04:29
15/08/2025 04:28
Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 15/08/2025 02:41
El Ministerio de Capital Humano suspendió la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda., luego de que una auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) revelara un presunto uso indebido de fondos públicos y una gestión orientada a beneficios personales. La entidad, que opera en la provincia de Buenos Aires, habría sido manejada casi en su totalidad por la familia Morillo, desviando recursos para gastos personales que incluyen desde un seguro de auto hasta una moto de alta gama. La decisión administrativa se produce tras una auditoría iniciada el 13 de mayo, que detectó un «apartamiento de los principios de ayuda mutua» que rigen a las cooperativas. El Gobierno abrió un sumario por «desnaturalización de fines cooperativos» y falta de transparencia. Gastos de lujo con dinero de los cartoneros Según el informe del INAES, los fondos de la cooperativa, destinada a la gestión de residuos, se utilizaron para financiar una serie de gastos ajenos a su propósito social: Estadías en un spa. Compras de ropa no laboral y bebidas alcohólicas. El seguro automotor de la hija del presidente de la cooperativa. La compra de una moto Honda 750 a nombre de Héctor Eduardo Morillo, presidente de la entidad. Además de estos gastos, la auditoría registró transferencias millonarias desde la cuenta de la cooperativa a las cuentas particulares de Morillo y su hija. También se detectó el cobro de cheques por ventanilla sin la debida justificación. Una estructura familiar en el ojo de la tormenta El Ministerio de Capital Humano señaló que la cooperativa estaba controlada por la familia Morillo, con el padre, Héctor Eduardo, como presidente, su esposa como secretaria, y la hija de ambos como empleada. El comunicado oficial subraya que esta estructura «habría sido utilizada para eludir la normativa vigente y realizar prácticas que no garantizan condiciones laborales dignas». A esto se suma la falta de claridad sobre la cantidad de trabajadores reales. Una publicación de la subsecretaria de Residuos de la Provincia de Buenos Aires, Jaquelina Andrea Flores, aseguró en julio que la cooperativa tenía «más de 100 trabajadores», cifra que el Ministerio de Capital Humano desmintió. Los auditores no encontraron un registro claro de quiénes son los asociados que realmente recolectan los residuos, un requisito fundamental para el funcionamiento de este tipo de organizaciones. La suspensión de la cooperativa busca clarificar el destino de los fondos y el cumplimiento de los fines para los que fue creada, poniendo en evidencia la necesidad de mayor control sobre las entidades que gestionan recursos públicos. compartir
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por