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Fecha: 15/08/2025 01:30
El registro oficial indica que prácticamente una de cada cuatro inspecciones arrojó resultados negativos , un 24 % del total de 61.905 controles realizados hasta julio. Los meses de mayor actividad fueron enero y febrero , con más de 9.650 procedimientos en cada período. El recupero por consumo no declarado equivale a unos 2.000 millones de pesos , lo que representa un incremento del 265 % respecto al promedio entre 2022 y 2024. El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, destacó que las inspecciones forman parte de un proceso integral de monitoreo que abarca todas las áreas de la compañía. «Queremos controlar a los empleados para que sean más eficientes. Por eso pusimos el ingreso biométrico, los GPS en los 1.200 vehículos de la empresa, disminuimos el consumo de combustible y recortamos horas extras en áreas que no las requerían», explicó. «Se terminó la joda» en la EPE El funcionario aseguró que estas medidas permitirán equilibrar financieramente a la firma. «Estamos camino a consolidar un superávit. Sepan que cuando decimos que se terminó la joda, es para adentro y para afuera», indicó, remarcando el objetivo de cortar con las irregularidades que afectan a un servicio esencial para la producción y la vida diaria de los santafesinos. Dentro de las estadísticas de las inspecciones, Puccini resaltó la recuperación de 9.786.000 kilovatios hora y un aumento del 80 % del indicador en relación con años anteriores. Además, las detecciones de irregularidades crecieron 41,2 % respecto al promedio de 2022-2024, y la eficacia operativa pasó del 14,7 % en 2022 al 24 % en 2025. Por su parte, Rodríguez destacó que la efectividad de los controles viene creciendo mes a mes gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, como inteligencia artificial cruzada con datos existentes, para optimizar los procesos en casos de robo de energía. La lista de irregularidades no se limita a la manipulación de medidores. También se registran fallas en los dispositivos, derivaciones de alimentadores y conexiones ilegales que luego son denunciadas ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Entre los usuarios relevados figuran clientes comerciales, industriales, asociaciones y viviendas particulares.
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