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Concordia » Hora Digital
Fecha: 14/08/2025 23:41
Tres allanamientos en Concordia resultaron en la detención de una persona y el secuestro de más de 48 millones de pesos y armas de fuego. En la mañana del miércoles 14 de agosto de 2024, se llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, en el marco de la investigación conocida como la “causa de los comedores escolares”. Los operativos, ordenados por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Edwin Bastián y dirigidos por los fiscales Montangie y Tscherning, se realizaron en domicilios ubicados en las calles Urdinarrain, 11 de Noviembre y Colón, según informó el medio local Diario Río Uruguay. Durante los procedimientos, se secuestraron elementos clave para la investigación, como dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, computadoras, memorias de almacenamiento y un DVR) y dos armas de fuego: un revólver calibre .38 y una escopeta. Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en una vidriería ubicada en calle Urdinarrain, cerca del Parque Ferré, donde se certificó la suma de 48.415.000 pesos en efectivo y 7.000 dólares estadounidenses. Como resultado de los allanamientos, una persona fue aprehendida en el domicilio de calle Urdinarrain por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. La investigación sigue en curso, y las autoridades no descartan nuevas detenciones o procedimientos. La “causa de los comedores escolares” tuvo origen a principios de junio de 2024, cuando el gobierno provincial, mediante una resolución firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, desplazó a la entonces coordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia. En dicho documento se argumentó la necesidad de “reorganizar la Coordinación de Comedores del citado Departamento”, según publicó Diario Río Uruguay. Una auditoría inicial realizada por la Dirección de Comedores de Entre Ríos detectó irregularidades administrativas por casi 1.000 millones de pesos, fondos que no habrían sido destinados a la adquisición de alimentos o insumos para los comedores escolares. Esto derivó en la intervención de la Justicia local, con allanamientos previos a proveedores y ahora a domicilios particulares vinculados a la causa.
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