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Concordia » Hora Digital
Fecha: 15/08/2025 00:04
El fiscal de Estado propone extender la demanda civil por contratos truchos a nuevos responsables, tras acuerdos judiciales. El Estado busca recuperar $372.924.249 en daños. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, defiende la participación de la Provincia en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura. Plantea que la demanda civil a los 32 implicados podría alcanzar a otros responsables desconocidos por ahora, en caso de avanzar la investigación administrativa paralelamente al proceso penal en curso. En caso de condena en la vía penal, el Estado tiene como objetivo la reparación del daño económico causado por los contratos fraudulentos, valuado en $372.924.249 a valores históricos y sujeto a actualización. Rodríguez Signes espera acuerdos de resarcimiento entre los 32 imputados originales, de los cuales 15 ya han pactado salidas legales, dejando aún 17 en proceso. De no llegar a un acuerdo, el Estado tomará acciones legales en los Tribunales. Además, se contempla la posible inclusión de nuevos responsables en base a la investigación estatal en curso. El gobernador Rogelio Frigerio solicitó la anulación de los 771 contratos fraudulentos que constituyen la base de la causa penal en curso. Destacó la importancia de poner fin a una historia de corrupción política y garantizar la justicia en este caso emblemático de contratos truchos. La Fiscalía de Estado sostiene su participación como actor civil buscando la reparación del daño económico ocasionado por los contratos irregulares. A pesar de las objeciones presentadas por las defensas en las audiencias, se anticipa que las pretensiones del Estado prevalecerán en el proceso. Se espera que la vía administrativa y contencioso administrativa, solicitada por el Poder Ejecutivo para declarar la nulidad de los contratos fraudulentos, brinde nuevas oportunidades de reparación económica. El Estado invitará a un universo más amplio de personas involucradas, más allá de los 32 imputados en el proceso penal, a solicitar la reparación económica correspondiente. Esta vía administrativa podría revelar nuevas responsabilidades que no están actualmente bajo investigación penal.
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