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Parana » Informe Digital
Fecha: 14/08/2025 21:52
La planta láctea La Suipachense, con más de 75 años de trayectoria, enfrenta una de las crisis más severas desde su creación. Ante la repentina salida de sus propietarios, de origen venezolano, y sin indicios de regreso según informaron a este medio fuentes cercanas al caso, la empresa quedó desde mediados de la semana pasada bajo el control de sus 140 empleados, en un contexto marcado por atrasos salariales, deudas millonarias y una drástica disminución en la producción. El grupo empresario que la gestiona, también de orígenes venezolanos, califica esta situación como “una toma forzada”. “Es una bomba de tiempo; el cierre es inminente si no aparece un inversor con dinero de inmediato. La situación es crítica”, describió sin rodeos una fuente vinculada a la planta, reflejando el clima de preocupación que se vive en la localidad bonaerense de Suipacha, con 12.000 habitantes. La historia de La Suipachense se remonta al 9 de junio de 1947, cuando se fundó como cooperativa, y en 1961 comenzó la industrialización de la leche. A lo largo de los años, la necesidad de afrontar el desafío del crecimiento llevó a La Suipachense Cooperativa de Productores Lecheros a asociarse con Lácteos Conosur SA, un grupo chileno que invirtió en la parte comercial, industrial y en la compra de materia prima, mientras la cooperativa mantenía la venta de insumos a los productores. Aunque “los chilenos siempre fueron muy serios”, no lograron rentabilizar la operación y, hace casi diez años, vendieron la planta a Maralac, de capitales venezolanos, “sin deudas y en plena producción”, con un promedio de 250.000 litros diarios. Algunos aún cuestionan si se abonó la totalidad de esa transacción. Manejo conflictivo y salida sin aviso En diálogo con LA NACION, una alta fuente al tanto del proceso explicó que “este es un grupo venezolano que siempre tuvo una gestión particular; era raro, ya que constantemente enfrentaban conflictos, se atrasaban en los pagos y luego cumplían”. Con el tiempo, los propietarios intentaron incursionar en alimentos refrigerados mediante una alianza con Vicentin, pero el proyecto se frustró en medio de la convocatoria de la agroexportadora. La magnitud de la crisis es evidente: de los 250.000 litros diarios que procesaba en su mejor momento, la planta pasó a 180.000 litros hace apenas un mes y, en la actualidad, trabaja con apenas 40.000 litros. “No van a poder pagar: o le pagan a la gente o le pagan a los productores”, advirtió la misma fuente. Fuentes del gremio Atilra indicaron: “La empresa está muy atrasada en los salarios y enfrenta serios problemas. Los trabajadores, al no recibir pago, tienen derecho a no trabajar. Venían abonando de manera irregular, pero en julio y lo que va de agosto la situación se agravó. Los proveedores tampoco les entregan insumos por la misma razón (falta de pago), y han perdido un importante caudal de materia prima”. Para Carlos Fernández, delegado del grupo empresarial, “hay una toma forzada y muy perjudicial por parte del gremio, con el apoyo de algunos trabajadores, que se han apropiado de las operaciones comerciales, financieras y logísticas, usurpando la planta y violando la dirección de la empresa”. “No dejan salir a los gerentes de la fábrica y los han amenazado. Nos sorprende esta toma cuando solo se debe un pago incompleto de los haberes de julio, que se debió abonar el 7 de agosto y no se pudo completar”, indicó a LA NACION. El ejecutivo reconoció que esta semana la producción ha caído considerablemente, pero que ello es consecuencia de que “el sindicato ha tomado control de los recursos y los ha dispuesto a su manera, dejando de pagar a los tamberos”. “Lo que hicieron es desproporcionado, con mucha impunidad. Es anarquía. Estamos apoyando a nuestra gerencia para que se restablezca la normalidad y para que se respete la estructura de la corporación. La instrucción que hemos dado es que los trabajadores se comuniquen con nuestros abogados. Es un asunto que escapa a la operación normal de la compañía”, añadió. “Cuando se enteran de que una fábrica enfrenta problemas, dejan de entregar leche. Es diferente a otros insumos: aquí la producción es diaria y perecedera; si se corta, se acaba tu fuente de insumos”, apuntó la fuente. En este contexto, en el sector lácteo, se sabe que los productores suelen retirar su producción ante señales de problemas financieros para evitar impagos. “Cuando se enteran que una fábrica está en dificultades, dejan de entregar leche. Es distinto a otros insumos: aquí la producción es diaria y perecedera y, si cortan, se terminó tu fuente de insumos”, señaló. El gremio Atilra tomó la administración, no por un paro, sino, según afirmaron, para garantizar el funcionamiento básico y el pago de salarios. “Generalmente viajan, pero esta vez se fueron y no han dado señales. Los han contactado y no respondieron”, relató la fuente. La intervención del sindicato busca, indicaron, sostener la operación con los recursos disponibles y la escasa materia prima que ingresa. “Esto tiene un final complicado a muy corto plazo”, reconocieron. Déficit millonario Según datos extraoficiales, la planta necesita alrededor de $3000 millones mensuales para operar, pero actualmente recauda apenas $500 millones. “Con eso, o le pagan a la gente o le pagan a los productores”, enfatizaron. El impacto es notable en toda la comunidad: el propietario de una estación de servicio cortó la cuenta corriente de la fábrica, alarmado por una deuda considerable en combustible utilizado por los fleteros. “Para un pueblo como Suipacha, la usina láctea es muy importante”, subrayaron. Hoy, de los 180 productores que abastecían a la planta, solo 40 continúan entregando leche. “Si los atrasan otra vez, se van”, alertó la fuente. Lo poco que se produce se destina principalmente a leche larga vida en envases Tetra Brik, que se cobra al contado para generar recursos inmediatos. Sin embargo, la situación tiene un límite: “La sábana es corta y dura poco. No más de 15 días tiene fecha de vencimiento si no aparece alguien que invierta”. El fantasma del corte de electricidad y gas natural es inminente. “Seguro que les van a cortar la luz, el gas natural —la energía utilizada aquí—, sé que están atrasados con las empresas y se los cortarán en cualquier momento. En ese punto, la situación se acabó”, afirmaron. La pérdida de servicios básicos implicaría la parálisis total de la planta y, con ello, una posible salida de los empleados a las calles en protesta. La comunidad de Suipacha sigue de cerca la evolución del conflicto, consciente de que la planta es un motor económico local. “El cierre sería un golpe durísimo para todos”, advirtió la fuente. Por ahora, el futuro de La Suipachense pende de un hilo, con un escenario que combina ausencia de propietarios, crisis de abastecimiento, deudas millonarias y riesgo de cierre inmediato. “Es una bomba de tiempo”, reiteró la fuente cercana a la fábrica, subrayando que el reloj para la histórica planta láctea bonaerense ya ha comenzado su cuenta regresiva.
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