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Parana » Informe Digital
Fecha: 14/08/2025 14:02
Mientras se define el futuro del remate de las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad, ha surgido un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respecto a quién obtendrá y gestionará los bienes recuperados. El 15 de julio la Corte estableció un reglamento para los bienes decomisados, reservándose su registro y administración; no obstante, este miércoles 13 de agosto, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia (DNU), adjudicándose las mismas facultades y formando un Consejo de Bienes Recuperados. La resolución de este conflicto deberá recaer en la Justicia, ya que se enfrenta a una acordada de la Corte, basada en la ley de autarquía del Poder Judicial, en contraposición a un DNU presidencial. El DNU establece que el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, será responsable de los bienes decomisados Los jueces federales de Comodoro Py, quienes hasta el martes pasado enviaban reportes de los bienes decomisados a la Corte para que esta decidiera sobre ellos, ahora se encuentran inciertos respecto a su proceder. Una fuente de los tribunales que conversó con La Nación indicó que, probablemente, se plantee un requerimiento para que la Corte intervenga. El DNU 575/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, modifica, de manera implícita, la ley que establece que los bienes decomisados “son competencia exclusiva del Poder Judicial”, reservando para el Ministerio de Justicia “la administración y conservación de estos bienes”, asegurando su trazabilidad para “garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso”. “El decreto de necesidad y urgencia anula la acordada”, expresaron desde el Gobierno. Según ellos, el DNU “no solo ordena y sistematiza un conjunto normativo disperso en la actualidad, sino que amplía considerablemente el ámbito de los bienes sujetos a conservación, administración y disposición, al consolidar en una única vía legal los recursos provenientes de procesos penales de la Justicia nacional y federal, así como de extinción de dominio”. El decreto presidencial también especifica que la Agencia de Administración de Bienes del Estado actuará como “órgano rector” de los bienes inmuebles estatales. Este anuncio se produce el mismo día en que finalizó el plazo para que Cristina Kirchner realice el depósito, junto con otros condenados por la causa Vialidad, de los 530 millones de dólares que el Tribunal Oral determinó para resarcir el perjuicio económico causado al Estado. Asimismo, se creó el Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional, que será responsable de la “supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de dichos bienes”. Las medidas de la Corte para gestionar los bienes decomisados por delitos La Corte publicó hace un mes dos acordadas: una para establecer este registro y otra para definir el remate online de los bienes decomisados a partir del próximo 1° de octubre. Si el calendario judicial lo permite, este mecanismo podría aplicarse en la causa Vialidad, según informaron fuentes judiciales a La Nación. La Corte determinó que los bienes decomisados y lo recaudado por su remate —o alquiler— son recursos específicos y propios del Poder Judicial. “Entre estos se encuentran los efectos secuestrados en causas penales que no han podido ser restituidos a sus propietarios”, precisaron. Además, la Corte se reservó la facultad de “determinar el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos”, así como “adoptar las medidas que considere adecuadas para llevar a cabo el control y exigir el cobro de estos recursos”. Corte Suprema de Justicia En su acordada del 22 de julio pasado, la Corte reguló el procedimiento para que otros organismos puedan acceder a los bienes incautados, además de transparentarlos en un registro disponible en la página oficial de la Corte. La Corte puede autoasignar estos bienes para su propio uso, del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura o “de otras reparticiones nacionales o locales que demuestren fehacientemente una finalidad de interés público, permitiendo que sean beneficiarias de asignaciones provisorias de bienes muebles secuestrados que, por su valor económico y cultural, puedan cumplir una utilidad social”. Por esta razón, los bienes se publicarán con las fotos correspondientes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal (BBSD), que será accesible al público a través de la página digital de la Corte. Se protegerá la identidad de los propietarios y de terceros relacionados con los bienes. Quienes reciban estos bienes deberán mantenerlos y cuidarlos. En el caso de embarcaciones, vehículos o aeronaves, quienes asuman la responsabilidad de ellos deberán abonar las multas por infracciones de tránsito. Para llevar a cabo esta tarea, la Corte estableció una Unidad de Coordinación de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura; y ordenó, en otra acordada, un procedimiento online para remates digitales que garantice anonimato a los postores, participación del público y control ciudadano. Se trata del Reglamento de Subastas Electrónicas Judiciales. HM/ML
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