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Paraná » 9digital
Fecha: 14/08/2025 02:42
En el marco de la “Causa Contratos”, la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, comenzó ha escuchar los planteos de los abogados defensores de los 18 imputados. Esta causa investiga la presunta sustracción de millonarias sumas de dinero de la Legislatura de Entre Ríos entre 2008 y 2018, mediante contratos de obra celebrados por una supuesta organización delictiva. Tal como adelantó Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) las defensas están apelando las resoluciones de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, quien previamente rechazó planteos de nulidad, exclusión probatoria, nulidades de la acusación, sobreseimientos y cambios de calificación legal. Específicamente, se cuestionan las decisiones de Barbagelata del 6 y 30 de junio. La Fiscalía, por su parte, respaldó las acciones de la jueza Barbagelata y solicitó que se rechacen los recursos de las defensas, confirmando así los rechazos originales. La audiencia, que fue extensa, pasó a un cuarto intermedio y continuará este jueves desde las 9 para escuchar más alegatos, seguidos de las respuestas de los fiscales y, finalmente, la intervención de la Fiscalía de Estado. Emilio Fouces, defensor de Sergio Cardoso, Jorge Lázzaro y José Schneider, solicitó el sobreseimiento de sus defendidos, argumentando que su participación en la causa se limita a su rol como empleados administrativos. Explicó que ellos actuaron conforme a la normativa y reglamentos que rigen la celebración de contratos, realizando las tareas que les correspondían por competencia. Fouces sostuvo que la acusación parte de premisas falsas y contiene omisiones fundamentales, lo que, de llegar a juicio con la prueba actual, violentaría el derecho a defensa. Además, afirmó que no existen “contratos truchos” y que sus representados cumplieron sus tareas administrativas según la normativa. Recalcó que el principal nudo de la acusación —que los supuestos contratados no realizaron ninguna contraprestación— no está cubierto por la normativa de las tareas de los imputados. Victoria Halle criticó que la jueza Barbagelata no respondió a sus planteos de sobreseimiento ni a la falta de control de la acusación. Resaltó la “falta contundente” de pruebas en contra de sus defendidos, quienes, según ella, realizaban tareas estereotipadas. Halle enfatizó que el núcleo de la conducta atribuida —la falta de realización de tareas en contraprestación por el contrato— nunca estuvo bajo el control ni la responsabilidad de sus defendidos. José Velázquez cuestionó que, aunque la acusación se refiere a un plan común para el supuesto ilícito, excluyó de la acusación a quienes tuvieron las primeras responsabilidades en la celebración de los contratos, aludiendo implícitamente a las autoridades de las Cámaras legislativas. Damián Petenatti señaló la imprecisión de la Fiscalía al referir que hubo funcionarios que suscribieron los contratos sin haber determinado quiénes fueron, y sin realizar actividades investigativas para identificarlos. Criticó que esta falta de determinación impacta en la defensa de sus asistidos, argumentando que “nadie en la sala de audiencias sabe a ciencia cierta qué contratos son legales y cuáles ilegales”, algo que se podría resolver si se identificara a los funcionarios políticos responsables de firmar las contrataciones. Otro que realizó severas apreciaciones fue Tomás Vírgala quien volvió a reclamar por la inocencia de su defendido el contador público Roberto Faure.
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