14/08/2025 02:40
14/08/2025 02:39
14/08/2025 02:39
14/08/2025 02:39
14/08/2025 02:38
14/08/2025 02:38
14/08/2025 02:38
14/08/2025 02:38
14/08/2025 02:37
14/08/2025 02:37
» Comercio y Justicia
Fecha: 13/08/2025 11:51
El Máximo Tribunal consideró que la Cámara Comercial dictó una sentencia inválida al no dar intervención a la fiscalía en un expediente con derechos de consumidores en juego La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a los recursos extraordinarios presentados por una pareja de consumidores y por la fiscal general Gabriela Boquin, y dejó sin efecto una sentencia de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El Máximo Tribunal entendió que la Cámara dictó una resolución inválida al omitir la intervención del Ministerio Público Fiscal en un caso vinculado con la Ley de Defensa del Consumidor. La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, destacó que “la intervención del Ministerio Público en casos en los que se encuentran afectados derechos del consumidor está prevista a los fines de garantizar que se asegure la realización del valor justicia en una relación jurídica asimétrica, caracterizada por la desigualdad entre sus partes”. En esa línea, los magistrados concluyeron que la sentencia de la Cámara fue “arbitraria”, ya que no respetó las normas constitucionales y legales que otorgan autonomía y competencia al Ministerio Público Fiscal. Por ello, ordenaron que el expediente vuelva al tribunal de origen, que deberá dictar un nuevo pronunciamiento con la intervención previa de la fiscalía. El caso El expediente se inició por la demanda de una pareja de consumidores contra la concesionaria Luis Strianese S.A. y la automotriz Ford Argentina SCA, luego de que el vehículo cero kilómetro que habían adquirido comenzara a presentar fallas eléctricas a los pocos días de su retiro. Los demandantes solicitaron la entrega de un nuevo auto —en los términos del artículo 17 de la Ley de Defensa del Consumidor— además de una reparación integral por los daños patrimoniales, morales y punitivos sufridos. La jueza de primera instancia, María Virginia Villaroel (Juzgado Nacional en lo Comercial N°27), hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó la entrega de un nuevo vehículo. También reconoció el daño moral, pero desestimó el pedido de daño punitivo. La sentencia fue apelada por todas las partes.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por