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» Data Chaco
Fecha: 13/08/2025 10:07
El Gobierno nacional dispuso el pago de USD 11.000 a Guillermo "Concheto" Álvarez, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado argentino por violar sus garantías judiciales durante el proceso que lo llevó a prisión perpetua. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 577/2025 , publicado en el Boletín Oficial. La resolución recuerda que el 24 de marzo de 2023 la Corte IDH dictó sentencia en el Caso N°13.041 "Álvarez vs. Argentina", ordenando "el pago de esa suma en concepto de "indemnización por daño material e inmaterial, a favor del señor Guillermo Antonio Álvarez", y fijando un plazo de un año desde la notificación —ocurrida el 7 de noviembre de 2023— para concretarlo". El decreto detalla que el monto se conforma por la suma de mil dólares "en concepto de daño material", y 10.000 dólares "en concepto de daño inmaterial, ambas fijadas en equidad". En sus considerandos, el decreto firmado por Javier Milei y los ministros Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo y Gerardo Werthein, enfatiza que "el cumplimiento de las resoluciones emanadas de la citada Corte genera por parte del Estado Nacional el compromiso de observancia de sus prescripciones en el orden interno y frente a la comunidad internacional, dado el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias". ¿Quién es "Concheto" Álvarez? Álvarez, conocido como "Concheto" por su aspecto y procedencia social, fue líder de una violenta banda apodada "los chicos bien". En julio de 1996 protagonizó un raid delictivo que incluyó el asesinato del empresario Bernardo Loitegui, baleado en un intento de robo de su Mercedes-Benz; y, al día siguiente, el ataque armado en el pub Company, donde mató al subinspector Fernando Aguirre y a la estudiante María Andrea Carballido. Años después, en prisión, fue condenado también por matar a golpes y puñaladas a su compañero de celda, Elvio Aranda. En 1999, el Tribunal Oral de Menores N° 1 lo condenó a reclusión perpetua más reclusión accesoria por tiempo indeterminado. Sin embargo, la CIDH determinó que durante el juicio se violaron derechos fundamentales: se le impuso una defensora pública sin darle tiempo para designar abogado de su elección; apenas pudo reunirse con ella una hora antes del inicio del debate; fue presentado esposado durante la audiencia; y tuvo una defensa inactiva en las instancias de apelación. Para la CIDH, Argentina a violó diversas garantías fundamentales como el derecho a elegir defensa, ya que Álvarez revocó sus abogados días antes del juicio, pero el Tribunal no le dio tiempo para designar nuevos y lo defendió una defensora pública que ya representaba a un coimputado; el tiempo y medios adecuados, ya que esa defensora tuvo solamente una hora para prepararse antes del juicio; la presunción de inocencia, ya que Álvarez fue presentado esposado durante toda la audiencia; y el derecho a una defensa técnica eficaz y acceso a recursos judiciales. La CIDH ordenó además la revisión de dos condenas y compensación por violaciones al debido proceso y defensa judicial, alegando que no fueron respetados derechos básicos durante el juicio en el Tribunal de Menores. La Corte consideró que estas irregularidades vulneraron el derecho a la defensa técnica, a la presunción de inocencia y a recurrir el fallo. En su fallo, ordenó al Estado argentino pagar la indemnización ahora ejecutada y adoptar medidas para evitar la repetición de hechos similares. El Decreto 577/2025 establece además que el gasto "será imputado a las partidas específicas de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro – Ejercicio 2025". De chico "bien" a homicida Guillermo creció en San Isidro dentro de una familia de buen pasar económico. Sin embargo, pasó gran parte de su infancia en soledad: su madre, dedicada a la venta de aparatos de gimnasia, casi nunca estaba en casa, y su padre —propietario de dos cines y de una galería comercial— pasaba gran parte del tiempo ocupado en sus negocios. En la adolescencia comenzaron los problemas de conducta, que escalaron al punto de ser expulsado de tres colegios: el San Patricio, el Estrada de Acassuso y el Instituto Fátima. Años más tarde, ya tras las rejas, Álvarez recordó en entrevistas: "Iba a un gimnasio, practicaba boxeo y allí me vinculé con gente totalmente distinta a la que yo trataba: pibes de La Cava, Villa Uruguay, Boulogne. Me junté con ellos como un acto de rebeldía, de valentía. Les tenía un gran respeto. Me había criado en una burbuja y de pronto me hice de confianza de esta gente, fui a sus casas, conocí a sus familias". Y añadió: "Yo siempre viajaba en remís y con ellos tenía que poner las moneditas para el colectivo. En un momento, como yo sabía manejar y ellos no, me dijeron: ‘¿Nos llevás a tal lado?’. Así empezó el tema de los robos. Yo manejaba armas desde chico, porque iba a cazar, por eso no me dio miedo agarrar una". Notas Relacionadas
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