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» Diario Cordoba
Fecha: 13/08/2025 06:38
El despliegue de grandes parques fotovoltaicos no afecta solo a terrenos áridos y sin valor agrícola, sino que también están expropiándose a sus legítimos dueños grandes extensiones de olivares tradicionales que son literalmente arrancados para que las multinacionales del sector los sustituyan por miles de placas solares. Se trata de un problema que ha puesto en pie de guerra a numerosas localidades de Andalucía y otras comunidades autónomas, donde los dueños de estas plantaciones observan impotentes cómo las leyes actuales favorecen a estas multinacionales, que directamente se quedan con sus terrenos gracias a la ayuda de la Administración. Ahora, colectivos de afectados han impulsado una iniciativa pionera para plantar cara en el terreno judicial a lo que consideran “un abuso intolerable”, que les priva de sus propiedades sin posibilidad de defenderse. Es la primera macrocausa jurídica de ámbito nacional para frenar este proceso. Solo en el municipio de Lopera (Jaén), hay previstos cuatro proyectos que prevén la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios “Esta causa va a comenzar con los proyectos de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, donde se están arrancando miles de olivos tradicionales para sustituirlos por placas de hierro y cristal, pero la vamos a escalar a todos los territorios de España donde haya previstas o construidas macroplantas solares en tierras de cultivo”, afirma Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. Uno de los olivares afectados por los macroproyectos de Jaén / SOS Rural Solo en el municipio de Lopera, hay previstos cuatro proyectos fotovoltaicos que prevén la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios. “Frenar la expansión caótica y especulativa” Esta entidad, junto a la Asociación Ecología y Libertad, han emprendido las primeras acciones legales contra los proyectos fotovoltaicos —promovidos por la empresa Greenalia— en los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo, en Jaén. El objetivo es “frenar la expansión caótica y especulativa de proyectos fotovoltaicos en tierras agrícolas de alto valor productivo”, señala un comunicado de estas entidades. Las primeras acciones judiciales, que se acaban de ejecutar y que se han financiado con las donaciones económicas de los ciudadanos, consisten en las revisiones de oficio (procedimientos administrativos) contra los proyectos de la Campiña Norte. Así, se ha presentado ante el Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales de las siete instalaciones fotovoltaicas y de las dos instalaciones de la infraestructura común de evacuación que comparten todas ellas. Protesta contar los proyectos denunciados / SOS Rural Además, se ha registrado, en este caso ante la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones ambientales unificadas —tramitación ambiental— de esas mismas instalaciones. “Fraccionamiento” ilegal de macroproyectos Esta solicitud se basa en el hecho de que, según los denunciantes, dichos trámites “adolecen de vicios que los hacen nulos de pleno derecho”, explica Corbalán. Por ejemplo, aseguran que “existe un fraccionamiento ilegal de un megaproyecto —de 310 MW de potencia instalada y 560,15 ha— en varios diferentes, todos ellos con una potencia instalada de menos de 50 MW. Se busca así evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)”. Al fraccionarlo, se esquiva su control, aseguran. Denuncian artimañas de los promotores para eludir el control de la Administración, fraccionando megaproyectos en varios más pequeños “De igual modo, existe un fraccionamiento artificial e ilegal de proyectos con carácter ambiental, con el que el promotor busca evitar una evaluación ambiental conjunta y tramitada por el procedimiento ordinario”, añaden. Información a las autoridades políticas Además, se ha avisado a los ayuntamientos afectados de las consecuencias que para ellos puede conllevar seguir adelante con estos proyectos. “Hemos solicitado a los consistorios que, a la vista de la nulidad de pleno derecho de todas las autorizaciones, procedan a suspender la tramitación de las licencias en sus respectivos municipios”, resalta Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad. Millares de olivos están amenzados / Agencias En cuanto a las autoridades autonómicas, se ha informado de que el supuesto amparo por las autorizaciones sectoriales y ambientales, cuya revisión se ha instado, puede constituir un ilícito penal contra el medio ambiente, por lo que se les ha pedido suspenderlas. “Si los políticos no ponen remedio a la expansión caótica de la energía fotovoltaica, y vemos que no lo hacen, vamos a llegar hasta el final con las acciones legales para que sienten precedente, para que creen jurisprudencia, de manera que sea el juez quien determine que este avance descontrolado y especulativo no puede seguir así”, sentencia Corbalán. Estas entidades mantienen activa una recogida de firmas digital para pedir que se frene la tala de los olivos centenarios de Lopera, que de momento ya ha logrado casi 135.000 rúbricas. Se puede firmar en este enlace.
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