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» Clarin
Fecha: 13/08/2025 04:31
El mismo día en que vence el plazo para que Cristina Kirchner abone el millonario decomiso del caso Vialidad junto a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, y los demás acusados en esa causa, algo que la expresidenta busca evitar, el Gobierno aprobó un régimen para conservar, administrar y disponer de bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados, en el marco de los procesos penales de competencia nacional y federal, y de los procesos de extinción de dominio. Así lo dispuso Javier Milei a través del Decreto 575/2025 publicado con su firma y la de todo su Gabinete en el Boletín Oficial de este miércoles. La flamante normativa fijó también la creación del Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, que será “el órgano colegiado de supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de los bienes cautelados y recuperados en favor del Estado”. Ahora, de acuerdo con ese texto, la administración y la conservación de los bienes provenientes de actividad ilícita estarán bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que tendrá a su cargo la distribución del producido de la venta, mientras que la ya Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se encargará de su “enajenación o concesión para su explotación comercial”. Según los anexos que acompañan al decreto, “el producido de la venta de los bienes recuperados deberá destinarse, en primer término, a la reparación de las víctimas del delito”. El remanente, “luego de efectuada la reparación mencionada, y previa deducción de los gastos de la regularización catastral registral y/o dominial, inscripción, mantenimiento y administración, y satisfechos los aranceles, tasas y comisiones que deba percibir la Agencia de Administración de Bienes del Estado, por su gestión, será distribuido anualmente entre los organismos que integran el flamante Consejo de Bienes Recuperados del Estado Nacional”. En ese sentido, se especificó que el 25% irá al Ministerio Público Fiscal, el 20% al Poder Judicial, el 12.5% a las fuerzas de Seguridad nacionales y el Ministerio de Justicia, el 10% para el Ministerio Público de Defensa de la Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF), y los restantes 5% para el Sedronar y la asistencia de las víctimas de trata de personas. “El nuevo esquema no incrementa la presión sobre el presupuesto nacional, sino que crea una fuente alternativa, transparente y controlada de financiamiento, sustentada en activos de origen ilícitos recuperados, lo cual responde a estándares internacionales y principios de justicia restaurativa”, argumentó el Gobierno. Explicó, en paralelo, “la implementación del nuevo Régimen no solo ordena y sistematiza un conjunto normativo actualmente disperso, sino que amplía sustancialmente el universo de bienes alcanzados por las medidas de conservación, administración y disposición”. Eso se producirá, según el texto, “al consolidar en una única vía legal los recursos provenientes de procesos penales de la justicia nacional y federal y de extinción de dominio, lo cual incrementa significativamente el caudal disponible para su redistribución con fines públicos, permitiendo así fortalecer de manera real y sostenida a todos los actores del sistema de justicia y de seguridad”. Para el Gobierno, existe actualmente “una sistemática pérdida de valor, deterioro y desaprovechamiento de activos de significativo potencial económico” y, en ese marco, es que se “requiere la adopción de medidas inmediatas para el fortalecimiento logístico, tecnológico y humano a fines de garantizar el pleno ejercicio de la acción penal pública, la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías constitucionales”.
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