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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 12/08/2025 03:38
Este martes 12 de agosto será un día decisivo en el litigio internacional por la reestatización del 51% de las acciones de YPF. La Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver si mantiene la suspensión del pago de 16.100 millones de dólares o si obliga a Argentina a depositar este monto o activos equivalentes, una decisión que podría tener serias consecuencias económicas para el país. El caso, que enfrenta al Estado argentino con los demandantes liderados por el fondo Burford Capital, se centra en el incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que la ley argentina exige a quien compre más del 50% de una empresa. La jueza Loretta Preska había ordenado que el pago se realizara con el traspaso del 51% de las acciones de YPF, una medida que fue temporalmente suspendida. Las tres posibilidades de la Corte El futuro inmediato del caso se definirá entre tres escenarios: Mantener la suspensión: La Corte podría prolongar la medida cautelar que evita el traspaso de las acciones, abriendo un nuevo proceso de apelación. Levantar la suspensión: Si se levanta la cautelar, la orden de Preska para entregar las acciones se vuelve efectiva. Ante esta situación, el Estado argentino podría apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque el país quedaría formalmente condenado. Exigir otros activos: Una tercera opción sería que la Corte, aunque mantenga la suspensión de la entrega de acciones, solicite a Argentina la presentación de otros activos, como bonos de mediano o largo plazo, para garantizar el pago. Si se opta por la segunda o tercera opción, el Gobierno argentino se enfrentará a una encrucijada: negociar un acuerdo con los acreedores para reducir el monto del pago o no acatar el fallo. Esta última opción podría llevar al país a un desacato, con posibles consecuencias como el embargo de las reservas del Banco Central o de activos de YPF. La opinión pública y el contexto legal Una encuesta de Poliarquía Consultores revela que el 65% de la población argentina considera que el Gobierno debería negociar una reducción del pago, mientras que solo el 25% apoya desconocer el fallo. El litigio no cuestiona la reestatización de YPF como acto de soberanía, sino el incumplimiento de la OPA, una promesa originada en la privatización de 1993, que perjudicó a los inversores que compraron acciones en Wall Street. La disputa se remonta a la quiebra del Grupo Petersen, que había adquirido el 25% de YPF con fondos prestados. Cuando el Estado reestatizó la empresa y prohibió los dividendos, Petersen se declaró en quiebra. En 2015, el fondo Burford Capital compró el derecho a litigar por este caso, financiando la demanda que hoy mantiene en vilo las finanzas de Argentina. Clarin compartir
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