12/08/2025 00:27
12/08/2025 00:27
12/08/2025 00:26
12/08/2025 00:26
12/08/2025 00:24
12/08/2025 00:22
12/08/2025 00:21
12/08/2025 00:20
12/08/2025 00:19
12/08/2025 00:15
» Misionesopina
Fecha: 11/08/2025 22:01
Un hombre de 37 años, identificado como Ariel B...egas, fue detenido por la Policía de Santo Pipó tras ser denunciado por un caso de violencia de género. Según fuentes policiales, el acusado sería sobrino y chofer de la exintendenta y actual diputada provincial de la localidad. El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando el agresor ingresó a la vivienda de su expareja —de la que está separado hace cuatro meses— y, en medio de una discusión, le propinó golpes de puño. La víctima sufrió hematomas y lesiones que requerirán un tiempo de recuperación. El acusado ya no residía en el domicilio y habría ingresado sin autorización. Este lunes el hombre permanece detenido en la Comisaría local, y se espera que mañana la causa sea remitida, con el expediente completo, al Juzgado de Instrucción para la continuidad del proceso judicial. De acuerdo con varias fuentes confiables, trascendió que la tía del acusado, su jefa política, Mabel Cáceres habría intentado comunicarse con el jefe policial para intermediar por su liberación. Los vecinos y los familiares de la víctima reclaman justicia y esperan que el caso no quede impune y que no se tape. La violencia de género sigue siendo una de las expresiones más crudas y persistentes de desigualdad y abuso en nuestra sociedad. No distingue edad, clase social ni filiación política: atraviesa comunidades enteras, dejando secuelas físicas y emocionales en las víctimas, y un profundo deterioro en el tejido social. La obligación del Estado y de todos sus representantes es garantizar que cada hecho se investigue y sancione sin privilegios ni excepciones, porque la justicia que se tuerce para proteger a un agresor se convierte en cómplice del delito. En este caso, las denuncias sobre presuntas gestiones para favorecer al detenido no solo generan indignación, sino que también reflejan un patrón que la sociedad conoce demasiado bien: el poder político que intenta blindar a los suyos, incluso cuando están acusados por hechos graves. Romper ese pacto de impunidad es tan urgente como combatir el propio flagelo de la violencia de género.
Ver noticia original