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Parana » Informe Digital
Fecha: 09/08/2025 17:51
El máximo tribunal penal del país, a través de los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, decidió evaluar la solicitud de un abogado tributario de Rafaela. Este profesional pide que una causa se investigue bajo el antiguo código procesal penal, en lugar del nuevo sistema acusatorio que comenzó a regir en Rosario en mayo de 2024. Este tecnicismo podría poner en riesgo una investigación que lleva más de un año y que llevó a Ricardo Bailaque, el magistrado involucrado, a renunciar el 1° de julio pasado, una dimisión que aceptó el presidente Javier Milei antes de que el Consejo de la Magistratura iniciara un proceso de destitución. La aceptación de su renuncia le permite acceder a su jubilación bajo el régimen especial de Santa Cruz, donde trabajó entre 1994 y 2008 antes de ser designado juez federal en Rosario. Bailaque es objeto de investigaciones en tres causas. Una de ellas se originó a partir de una revelación publicada por LA NACION el 10 de junio de 2024, que informó que el entonces magistrado compartía su contador, Gabriel Mizzau, con Esteban Lindor Alvarado, el principal narcotraficante de Rosario, quien también se encuentra bajo prisión domiciliaria. Mizzau firmó los balances de la empresa Sagrado Corazón, utilizada por Alvarado para el lavado de dinero, con la asistencia del contador de Bailaque. Además, se le sospecha de haber favorecido a Alvarado al no autorizar escuchas telefónicas contra su entorno durante tres años, periodo en el que el narcotraficante experimentó un crecimiento económico significativo a raíz del tráfico de drogas y estuvo involucrado en numerosos asesinatos de rivales. Bailaque también enfrenta acusaciones de extorsionar a un empresario, junto con el financista Fernando Whpei, quien al igual que los demás imputados, permanece bajo arresto domiciliario, una medida que se prorrogó por 30 días más. Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP en Rosario, declaró como arrepentido y reveló que durante un asado en 2019 en casa de Bailaque se coordinó la extorsión hacia Claudio Iglesias, basada en una denuncia anónima falsa. Bailaque ordenó allanamientos y bloqueó bancariamente al empresario, quien era objeto de esa extorsión por sus aspiraciones a presidir la compañía San Cristóbal Seguros, que se ve implicada en un caso que tiene al expresidente Alberto Fernández procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. La firma rosarina está acusada de pagar comisiones fraudulentas a través de facturas por servicios ficticios como “servicios empresariales” o “catering”. Además, se le imputa haber favorecido a su “amigo” Whpei al gestionar los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín, que estaba bajo intervención tras ser investigado su ex titular, Herme Juárez, por lavado de dinero. Bailaque aprobó que cerca de 1000 millones de pesos fueran administrados por la mutual de Whpei, quien supuestamente financió campañas políticas de sectores diversos como La Cámpora, Juntos por Cambio y el radicalismo. Estas indagaciones llevaron al Consejo de la Magistratura a formular acusaciones contra Bailaque. Sin embargo, antes de ser suspendido y luego destituido, el magistrado presentó su renuncia. Intentó evitar el avance de la causa mediante distintos recursos legales, pero sus esfuerzos encontraron resistencias en las decisiones judiciales. El juez de instrucción lideraba la investigación, mientras que Bailaque buscó desplazar al juez de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz. Enfrentó a la Cámara de Apelaciones de Rosario, que rechazó su solicitud, y luego a la Cámara de Casación Penal, que el 25 de marzo anterior desestimó su planteo por mayoría. El fallo fue firmado por los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Carlos Mahiques, quien abogó por la aplicación del viejo código en este caso. El tema parecía cerrado hasta que la defensa de Guillermo Zenklusen, abogado tributario de Rafaela, presentó el mismo reclamo ante el tribunal federal, lo que llevó a la Cámara de Casación a evaluar su queja. El jueves, la Casación sorprendió al admitir el reclamo, ahora con una nueva composición que incluye a Mariano Borinsky en lugar de Barroetaveña. El fallo firmado por Mahiques y Borinsky indicó que, dado que la queja cumple con los requisitos para su consideración, se procede a abrir la instancia casatoria. Si la Cámara de Casación resuelve a favor de este planteo, la causa contra Bailaque podría comenzar de nuevo, lo que dejaría un vacío en las evidencias recopiladas por los fiscales que trabajan en las mencionadas investigaciones desde el año pasado. Además, surgió un nuevo elemento en este caso, vinculado a las negociaciones que podría estar llevando a cabo Fernando Whpei para convertirse en “arrepentido”, lo que lo convertiría en el segundo en esa condición, tras la adhesión de Vaudagna en marzo. Fuentes judiciales indican que Whpei podría estar especulando con un fallo de la Casación que favorecería a Bailaque, poniendo en riesgo la investigación. En paralelo, otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, ha comenzado a ser objeto de investigaciones por el Consejo de la Magistratura. Salmain regresó recientemente de unas vacaciones en el extranjero y se encontró con una situación favorable, ya que la comisión de disciplina no logró reunirse debido a la ausencia de dos miembros. La larga investigación contra Bailaque no tuvo el efecto deseado, ya que Milei aceptó su renuncia. En el ámbito judicial, los movimientos suelen responder a intereses ocultos. El interrogante ahora es si sucederá lo mismo con Salmain, quien fue objeto de investigación promovida por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Salmain está siendo investigado por favorecer a ciertos estudios de abogados en reclamaciones millonarias contra el Estado nacional por temas jubilatorios. Su juzgado ha pasado a ser uno de los más relevantes en causas previsionales del país, con órdenes de pago millonarias impulsadas por unos pocos estudios jurídicos. Esta investigación está siendo supervisada por el fiscal Federico Reynares Solari, quien ya ha notificado a Salmain sobre la apertura de un expediente en su contra, el cual se encuentra en una fase preliminar de recopilación de pruebas. Se investiga una supuesta maniobra conocida como “forum shopping”, donde se elige deliberadamente un tribunal favorable para un litigio, en lugar de presentar la demanda en el lugar que corresponde. Desde su llegada a Rosario como magistrado en 2023, varios estudios jurídicos comenzaron a recusar a la jueza federal N° 2, Sylvia Aramberri, quien se jubiló recientemente, con el objetivo de que sus demandas terminaran en el juzgado de Salmain. Esta trama se suma a otro hecho anterior que condujo a Rosatti a solicitar una investigación contra este juez por omitir incluir en su historial que había sido despedido de la justicia federal de Comodoro Py en 2002 tras ser procesado por falsedad documental. La resolución que derivó en su despido señala que “el agente Gastón Salmain intentó coaccionar a una empleada para violar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y que ciertas ejecuciones previsionales fueran dirigidas al juzgado N° 8”. Actualmente, Salmain realza interinamente el juzgado federal N°1 de Santa Fe, y aunque inicialmente también estuvo a cargo de la justicia electoral de la provincia, fue rápidamente reemplazado por el juez Aurelio Cuello Murúa. Germán de los Santos/La Nación
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