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Parana » Uno
Fecha: 04/08/2025 16:52
El médico otorrinolaringólogo Guillermo Riolo, imputado por homicidio culposo en el marco de la causa que investiga la muerte de Facundo Barrios, un niño de 3 años de Paraná, deberá presentarse a indagatoria ante el fiscal de La Paz, Facundo Barbosa. La audiencia, que originalmente estaba prevista para el 31 de julio, se suspendió debido a inconvenientes edilicios en la sede de los Tribunales paceños, lo que obligó a declarar inhábil ese día. La nueva fecha de la indagatoria se fijó para el miércoles 27. El caso que involucra a Riolo comenzó tras la intervención quirúrgica de Facundo, quien el 19 de septiembre de 2024 fue operado de adenoides y amígdalas en la Clínica del Sol de Bovril. La operación, realizada por el médico, se complicó y derivó en una cadena de eventos que culminó en la muerte del niño. TE PUEDE INTERESAR >>>>> Noticias sobre Guillermo Riolo Según los relatos de los padres de Facundo, la decisión de someter al niño a la cirugía fue tomada tras la recomendación de un pediatra, que indicó la intervención, y tras revisar el listado de médicos habilitados por la obra social. La operación, que tuvo un costo de 254.000 pesos, comenzó a las 16:15 horas, pero pocos minutos después Riolo informó que la cirugía se había complicado. Facundo fue derivado de urgencia al Sanatorio del Niño en Paraná, donde ingresó a las 19:15 en estado crítico. Presentaba deshidratación, sangrado persistente y sufrió un paro cardíaco de 30 minutos. Los médicos lograron reanimarlo, pero el diagnóstico era grave. El 20 de septiembre, la familia fue informada que Facundo presentaba muerte cerebral, y su fallecimiento fue confirmado el 25 de septiembre de 2024. El fiscal Facundo Barbosa, encargado de la causa, imputó a Riolo por el delito de homicidio culposo, un cargo que señala la responsabilidad del profesional por la muerte del niño debido a negligencia o imprudencia. Esta imputación derivó en la citación del galeno a una audiencia de indagatoria, que estaba programada para el 31 de julio. Sin embargo, esta citación no pudo llevarse a cabo debido a una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que declaró inhábil judicial para esa fecha a causa de problemas edilicios en la sede judicial de La Paz. Se indicó que las filtraciones de agua en el primer y segundo subsuelo del edificio judicial, sumadas a la rotura de un caño galvanizado que afectaba el techo del pasillo del Juzgado de Familia, eran las razones detrás de la suspensión. Esto obligó a mantener cerrada la salida de agua de los tanques del edificio para evitar más filtraciones. Guillermo Riolo mala praxis reincorporación.jpg La acusación A Riolo se le imputa el delito de homicidio culposo que, de acuerdo al artículo 84 del Código Penal, prevé una pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte”. Sumarios administrativos Tras la apertura de la causa penal, el Ministerio de Salud inició dos sumarios administrativos contra el médico. El primero, iniciado en 2023, fue por reiteradas ausencias injustificadas en el Hospital San Martín de Paraná. El segundo, por la muerte del pequeño Facundo. Después de varias semanas de investigación interna, el Ministerio decidió cesantear al doctor Riolo como jefe del Servicio de Otorrinolaringología del hospital, tras verificar 55 inasistencias acumuladas entre 2022 y 2023. Durante el sumario, diversos testimonios confirmaron su irregular comportamiento. María Margarita Leiva, jefa del área de Fonoaudiología, señaló que Riolo era su superior directo, pero su presencia en el nosocomio era esporádica, sin un horario fijo. Otros trabajadores también confirmaron esta situación. El dictamen que lo cesanteó indicó que su incumplimiento afectó tanto a los usuarios como a sus compañeros, quienes debieron asumir tareas adicionales. Además de su desvinculación del ámbito estatal, la cartera sanitaria tomó medidas respecto a su desempeño profesional en el sector privado. En paralelo, a raíz de la muerte de Facundo, se le suspendió la matrícula profesional. La decisión fue formalizada el 9 de octubre mediante el dictamen Nº 432, firmado por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
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