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» Diario Cordoba
Fecha: 02/08/2025 23:35
Todo empezó con una simple providencia. El juez Pablo Ruz, instructor de la pieza Papeles de Bárcenas, una de las piezas separadas del caso Gürtel -Correo en alemán- dio cinco días a la Agencia Tributaria en la última semana de febrero de 2015 para "precisar la responsabilidad del Partido Popular en relación a las aportaciones económicas que en concepto de donaciones aparecen anotadas en los registros contables opacos objeto de análisis”. Esos “registros” era como llamaba el juez la contabilidad B del PP que llevaba el tesorero nacional desde hacía veinte años, Luis Bárcenas. Una larga operación de toreo al instructor empezaría, según reflejan los correos internos dentro de la Agencia Tributaria, cuyo director era Santiago Menéndez. Y como a perro flaco, como suele decirse, todo son pulgas, una sencilla consulta -vinculante- del partido Unión, Progreso y Democracia (UPD) a la Dirección General de Tributos (DGT), adscrita a la Secretaría de Estado de Hacienda, preguntaba si las donaciones ilegales debían tributar. No hacía referencia a caso concreto alguno. El director, Diego Martín-Abril, cursó la respuesta de que, en efecto, las donaciones ilegales debían tributar. Esta fue la piedra del escándalo. A partir de esta posición de la DGT, comenzó una cadena de correos internos entre los principales colaboradores de Montoro, empezando por el mismísimo director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. El tema -tal como se presenta en las docenas de correos intercambiados, se definía así: Asunto: Re: Tributos establece una doctrina contraria a Montoro: el PP no es como Cáritas Es decir: la respuesta veraz de la Dirección General de Tributos (DGT), que se apoyaba en jurisprudencia, a la consulta vinculante de UPD, debía ser modificada porque no se debía aplicar a las donaciones ilegales del PP apuntadas, junto con los sobresueldos pagados a dirigentes del partido que fueron cuantificadas en 1.269.575 euros. Que el tema era de gran prioridad para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montnoro, quedó patente en los correos de Santiago Menéndez. Y en sus protestas por no recibir información inmediata sobre la evolución del duelo con el juez instructor Ruz, donde sus colaboradores llegan a “cruzar los dedos” para que no se entere de la situación creada, le dan largas y, paradójicamente, conseguirán un aliado en la Fiscalía Anticorrupción, entonces a cargo del fiscal jefe Antonio Salinas, en la persona del fiscal Antonio Romeral, el primero que tomó declaración preprocesal a Luis Bárcenas en la Fiscalía Anticorrupción tras publicarse los llamados Papeles de Bárcenas. El escándalo de la acumulación de hasta 48,2 millones de euros por parte de Bárcenas en bancos de Suiza había estallado a primeros de 2013 con la información enviada por el ministerio de Justicia helvético al Tribunal Supremo. Pero, además, el PP había utilizado dinero de las donaciones ilegales para sufragar las obras de su sede central en Madrid en dinero negro y el pago de sobresueldos a la cúpula del partido con M.Rajoy a la cabeza. El gobierno de Rajoy, pues, apenas llevaba algo más de un año, desde diciembre de 2011. Por tanto, se trataba de evitar una imputación y posterior acusación contra el PP por delito fiscal. Había que tratar por todos los medios de evitar que el juez Ruz instruyera el delito fiscal del PP por las donaciones. Y en lo que se refiere al pago de la obra de la madrileña calle de Génova en dinero negro, el juez Ruz ya había sembrado terror al enviar a la Policía para buscar la información requerida y no contestada, en diciembre de 2013, al cuartel general popular. Pero Montoro tuvo, además de su persistencia, El respaldo del fiscal Romeral de la Fiscalia Anticorrupción, que en rigor, ya desde su interrogatorio a Bárcenas con la contabilidad B o Los Papeles sobre la mesa, nunca creyó en el recorrido del caso (*). En aquellas fechas, como se ha apuntado, el fiscal jefe era el magistrado Antonio Salinas. Según reveló El Periódico el 9 de marzo de 2015, Felipe Martínez Rico le envía a Montoro un mensaje con un archivo adjunto denominado "Documento Fiscalía", en el que explica a su jefe en el Ministerio que a Santiago Menéndez, entonces director de la Agencia Tributaria, le habían enviado, "de manera informal, el mismo documento que adjunta Julia [Mansilla]. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz", alertó. Y por eso, la Agencia Tributaria comenzó a elaborar "un escrito de respuesta (inicio de conflicto jurisdiccional) al hipotético escrito del juez Ruz". El documento no estaba firmado. ¿Fue obra de Antonio Romeral? ¿Le envió Romeral el escrito al gabinete de Montoro? ¿Actuó a espaldas del juez Ruz? Ruz sostenía que "las cantidades donadas en exceso de los límites legales quedarían sujetas a tributación por el impuesto de sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributación”, Pero Hacienda no se echó atrás. Y envió su informe el 17 de octubre de 2014. Montoro, pues, eximía de pagar impuestos a las donaciones ilegales. “En la definición de las donaciones exentas [de pagar impuestos] no se exige que se hayan obtenido de acuerdo a la Ley", notificó la Agencia Tributaria a Ruz. "La realización de gastos electorales, de otros gastos de funcionamiento de carácter laboral -aún cuando sean de retribución a la alta dirección- e incluso la realización de inversiones en la sede de la entidad, se considera afectación amparada por la exención” En otras palabras: Montoro y Menéndez hicieron un traje a medida del PP. El PP no fue acusado por delito fiscal en la sentencia de los Papeles de Bárcenas – la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado no acusaron por dicho delito- y solo se condenó a Luis Bárcenas por cooperador necesario con la empresa Unifica, que cobró en negro por las obras de Génova 13. El PP fue declarado responsable civil subsidiario. Aunque la acusación popular de ADADE, vinculada al PSOE acusó tanto en el juicio oral de la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo por delito fiscal al PP, se consideró que en aplicación de la doctrina Botín (cuando la Fiscalía o la Abogacía del Estado defienden los intereses generales en una causa, las acusaciones populares no pueden acusar) no estaba legitimada para actuar en delito fiscal. (*)'Queríamos tanto a Luis', Ernesto Ekaizer, Editorial Planeta, 2015 Suscríbete para seguir leyendo
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