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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 01/08/2025 21:52
La Justicia entrerriana anuló adjudicaciones irregulares realizadas durante la última dictadura militar y restituyó al dominio público 5.245 hectáreas de tierras fiscales en las Islas Lechiguanas, que habían sido apropiadas por privados. La acción fue impulsada por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, como parte de la política de recuperación del patrimonio natural y público provincial. El Gobierno de Entre Ríos logró una victoria judicial sin precedentes al recuperar 5.245 hectáreas de tierras fiscales ubicadas en las Islas Lechiguanas, que habían sido indebidamente transferidas entre 1979 y 1997, durante y después de la última dictadura militar. El fallo, dictado el 29 de julio por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Paraná, hizo lugar a la acción de lesividad impulsada por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y declaró la nulidad de los decretos y contratos que avalaban dichas adjudicaciones. La sentencia estableció que las islas forman parte del dominio público del Estado provincial, por lo que son bienes inalienables e imprescriptibles, y que cualquier intento de venta debía estar respaldado por una ley nacional de desafectación, algo que en este caso nunca ocurrió. En consecuencia, se declaró la nulidad de las ventas realizadas a favor de la firma Paraná Guazú S.A. y de terceros que posteriormente adquirieron los terrenos. “Este fallo reafirma el compromiso del Estado entrerriano con la defensa del interés público y la protección de nuestros recursos naturales. Las islas son bienes de todos los entrerrianos y nunca debieron haber sido apropiadas de forma irregular”, expresó Rodríguez Signes al referirse al avance judicial. La medida se enmarca dentro de la política de recuperación y regularización del patrimonio público provincial impulsada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, en cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución de Entre Ríos reformada en 2008. Desde el Ejecutivo provincial adelantaron que continuarán con el relevamiento y saneamiento dominial de todas aquellas tierras fiscales que hayan sido transferidas o explotadas indebidamente, con el objetivo de garantizar la legalidad, el ordenamiento territorial y la soberanía ambiental sobre el territorio entrerriano.
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