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» Diario Cordoba
Fecha: 01/08/2025 04:26
Desde el juicio al ‘procés’ en 2019, la relación entre la política y la justicia dejó de ser una cuestión institucional para convertirse en un eje central del conflicto partidista. Lo que antes se resolvía con pactos y renovaciones periódicas, se transformó en un pulso abierto por el control del relato, de los tiempos y, sobre todo, de los órganos de gobierno del poder judicial. El juicio a los líderes independentistas catalanes marcó un antes y un después. Reveló hasta qué punto el poder judicial podía ser percibido y utilizado como un actor político, y de esos lodos se aceleraron estos barros. A partir de ahí, el Consejo General del Poder Judicial se convirtió en el símbolo del bloqueo institucional. Caducado desde 2018, su renovación fue sistemáticamente vetada por el PP, que temía perder influencia en un órgano clave para los nombramientos judiciales. El PSOE, por su parte, intentó sin éxito modificar las reglas del juego para sortear el veto, lo que alimentó el relato de un esfuerzo colonizador de la justicia por parte del Gobierno. En ese clima de desconfianza, cada decisión judicial relevante, desde los indultos del ‘procés’ hasta la ley del solo sí es sí fue leída en clave partidista, erosionando la percepción de imparcialidad del sistema. Es más hemos cambiado el campo de batalla del Tribunal Constitucional a la Sala Segunda del Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional. Hemos cambiado la lucha política por el uso del derecho penal. El acuerdo para la renovación del CGPJ no disipó las tensiones. La causa contra el Fiscal General del Estado por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha desatado una tormenta política y judicial de la mano de nuevo. Bajo la defensa de la institucionalidad se pide por unos su dimisión, y por otros, su continuidad como cortafuegos de un ataque político en la figura de su titular. El protagonismo de la acusación popular en los casos de denuncia a los familiares de Pedro Sánchez, muy ligadas a la ultraderecha, es uno más de los ejemplos de como con Vox se popularizó el uso de esta herramienta constitucional para sus fines políticos. Y mientras tanto, la ciudadanía asiste con creciente desconfianza a un espectáculo donde los operadores jurídicos parecen actores y los partidos, guionistas. Agosto que invita a parar y pensar, debería no ser solo una tregua táctica, pero en septiembre volveremos a la aceleración de los tiempos y a la superposición de los planos políticos y judiciales. Tendrá consecuencias porque si una justicia no es percibida como neutral, la democracia se resiente, y ya tenemos bastantes amenazas. *Politóloga
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