01/08/2025 13:35
01/08/2025 13:34
01/08/2025 13:34
01/08/2025 13:33
01/08/2025 13:32
01/08/2025 13:31
01/08/2025 13:31
01/08/2025 13:31
01/08/2025 13:30
01/08/2025 13:30
» Comercio y Justicia
Fecha: 31/07/2025 17:02
Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (26.364) la lucha contra la trata y la explotación es un eje prioritario de la política criminal del Ministerio Público Fiscal (MPF). Desde 2013 -y luego de la declaración por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 30 de julio como el “Día Mundial contra la Trata”– el organismo renueva año tras año el imperativo de proteger a las víctimas y sancionar a quienes lucran con su explotación. De acuerdo a los datos que difundió la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la agente federal Alejandra Mángano, desde la entrada en vigencia de la normativa se registraron 542 sentencias condenatorias en el fuero federal y ocho acuerdos conciliatorios, con 1.043 individuos condenados por hechos que perjudicaron a 2.560 damnificados. El documento precisó que de los 1.043 condenados el 77,8% son argentinos; en su mayoría, varones (64,2%). En cuanto a las víctimas, el 79% son mujeres, un 20,5% varones y un 0,5% personas trans. En tanto, detalló que de las 542 sentencias condenatorias relevadas el 66% fue por explotación sexual, el 33,6% por explotación laboral y el 0,4% restante por otras finalidades de explotación. En esta línea, indicó que entre julio de 2024 y este mes se registraron 10 sentencias condenatorias y tres acuerdos conciliatorios, en las que fueron condenadas 22 personas por crímenes contra 82 víctimas. La PROTEX insistió con que la detección temprana del delito y la investigación son pilares fundamentales. Al respecto, consignó que se iniciaron más de 3.700 pesquisas preliminares y que, en el marco de la coadministración de la línea 145, se recibieron más de 19.208 denuncias (2.415 solo durante el último año). El MPF forma parte, a través de la PROTEX, del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, un espacio de articulación con representación de todos los poderes del Estado nacional, provincial, organizaciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y organismos especializados en el delito de la trata, para garantizar el seguimiento de la Ley 26.364. Asimismo, participa activamente de las iniciativas, proyectos y planes bienales llevados adelante por el Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, que coordina el diseño y la planificación de la política pública en materia de prevención, persecución y asistencia a las personas damnificadas. La PROTEX también coordina la Red de Trata y Tráfico de Personas -REDTRAM-, un espacio dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en el que los fiscales llevan adelante acciones de cooperación interinstitucional en la región para fortalecer la investigación, atención y protección a víctimas del delito de trata de personas entre los Ministerios Públicos de Iberoamérica. En este ámbito se destaca el trabajo reciente conjunto entre la REDTRAM y la RFAI, y la REG, con el apoyo del programa COPOLAD, orientado al abordaje interseccional de las temáticas de género, trata y narcotráfico, y la importancia de la detección de víctimas utilizadas por las organizaciones criminales como mulas o correos humanos. Identificación A nivel nacional, PROTEX apuntó la relevancia de una correcta identificación de víctimas vulnerables por su condición de discapacidad y la adecuada calificación legal de los casos. En los últimos años, dedicó esfuerzos a identificar y procesar casos con especiales modalidades de explotación, como las organizaciones coercitivas, las agencias dedicadas a la subrogación de vientres y las plataformas que motorizan la explotación de gente a través de medios virtuales, entre otras. Medios digitales En mayo, entre los fundamentos de la primera condena por trata a través de medios digitales y abuso sexual reiterado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consignó que las nuevas tecnologías les permiten a los tratantes operar bajo el anonimato, sin límites geográficos, minimizando los riesgos de ser identificados por las autoridades. “El desarrollo de las nuevas plataformas webs y redes sociales han abierto nuevos campos de actuación para determinados delitos organizados que buscan captar mayor número de víctimas a una mayor velocidad, aprovechándose de la ausencia de legislación, y mecanismos eficaces y eficientes para garantizar la seguridad en entornos digitales”, explicó. Puntualizó asimismo que el uso de plataformas favorece “una comunicación ágil con las víctimas”, con la posibilidad de retenerlas; que facilita su explotación y que habilita transmisiones en directo de servicios sexuales. “Los entornos digitales actuales permiten a los tratantes emplear técnicas coactivas tales como el chantaje. Además, brindan nuevas formas durante el proceso de explotación, como el uso de las cámaras web en directo, las aplicaciones de videochat pago y el empleo de aplicaciones de video vigilancia usadas para controlar a las víctimas”, plasmó. Instrumento El fallo resaltó que no existe ningún instrumento internacional vinculante que defina específicamente la explotación a través de entornos digitales y postuló que, para mitigar los efectos producidos a las víctimas, expuestas a la divulgación de datos e imágenes y a la permanencia del contenido en Internet, se deben adoptar medidas de resguardo especiales y no abordar la problemática desde una perspectiva “tradicional y analógica”. Sostuvo que la mayoría de las plataformas carecen de seguridad y confidencialidad, que existe la posibilidad de realizar capturas de pantalla, tomar fotos o videos con otros dispositivos y que hay aplicaciones para grabar lo que se está reproduciendo en la pantalla, todo lo cual “deja en un tremendo grado de indefensión a las víctimas”. Un mes después, en junio, en el marco de una entrevista con Fiscales.gob.ar, la cotitular de la PROTEX Mángano alertó sobre el crecimiento de la trata sexual en entornos digitales, un fenómeno que, según afirmó, experimentó un “incremento exponencial” a partir de la pandemia y tiene como víctimas a adolescentes y mujeres jóvenes vulnerables que terminan “sometidas a estrategias de control de la sexualidad” mientras protagonizan sesiones de streaming sexuales o producen pornografía para plataformas en línea. La fiscal remarcó que hay un “mercado de personas específicamente vinculado con el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de mujeres”. Agregó que, a diferencia del sistema prostibulario tradicional, las relaciones sexuales y la comercialización del sexo se produce a través de internet. Falsa autonomía En cuanto al desarrollo de la explotación en entornos digitales, Mángano detalló que se da en las víctimas una falsa idea de autonomía. “Ingresan pensando que van a estar solas en sus casas, que nadie las va a controlar, que van a ser libres de producir el material cuando quieren o cuando tienen ganas y que lo van a poder compatibilizar con otras actividades de su vida. Lo cierto es que lo que hemos notado es un sistema de control”, planteó. Al respecto, explicó que esta modalidad no solo incluye monitoreo constante, sino que también puede darse en lugares específicos como hoteles, albergues transitorios o departamentos de alquiler temporario. Sostuvo que en esos espacios se ejerce un “control físico” por parte de lo que se denominan “monitores”, personas encargadas de supervisar que la mujer esté frente a la cámara una determinada cantidad de horas, que no rechace a los usuarios/clientes y que no deje de contestar una llamada ni un streaming. También se refirió a la escalada en la modalidad de explotación de las víctimas. “Lo que primero empieza siendo la generación de material offline, luego pasa a ser generación de material online o en streaming y puede culminar en la obligación de generar encuentros presenciales”, afirmó. Recordó además que este mercado no respeta fronteras y que la demanda de “sexo virtual” suele provenir de países más desarrollados, mientras que la oferta para satisfacer proviene de países más pobres. “Empezamos a detectar que mujeres de la Argentina son captadas para realizar streamings sexuales con clientes prostituyentes que están en otros países. Esto genera investigaciones complejas que requieren de la cooperación jurídica internacional y una comunicación ágil y efectiva entre fiscales”, cerró.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por