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Parana » APF
Fecha: 30/07/2025 13:30
En una nota enviada a la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), el letrado de Victoria, Guillermo Reggiardo, informó que el juez de la localidad, Francisco Márquez, emite resoluciones judiciales de regulación de honorarios apartadas de la legislación que, entendió, son “groseramente lesivas” de sus derechos al trabajo y al fruto del mismo. Reggiardo denunció a ex funcionarios, funcionarios en ejercicio y altas autoridades judiciales. Tiene cinco causas abiertas en su contra. miércoles 30 de julio de 2025 | 12:39hs. Guillermo Reggiardo, abogado de Victoria que ha presentado numerosas denuncias por hechos de corrupción en organismos descentralizados del Estado, en la Legislatura y en Tribunales, envió este miércoles una nota a la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) en la que advierte que el juez de aquella localidad, Francisco Márquez, emite resoluciones en las que regula los honorarios del letrado apartándose de la legislación vigente, perjudicándolo en su derecho al trabajo y a disponer del fruto del mismo. En la nota, Reggiardo sostuvo que tomó la decisión de informar de la situación “a los fines de poner en su conocimiento una situación de gravedad institucional que afecta directamente el libre ejercicio profesional y que compromete principios básicos del debido proceso, el derecho al trabajo, y la igualdad ante la ley de los abogados litigantes de la provincia”. Reggiardo solicitó que la “comunicación sea incorporada al Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Profesional del Colegio, y se evalúe la apertura de un seguimiento institucional sobre el accionar del magistrado mencionado, a los efectos de prevenir la reiteración de estas prácticas perjudiciales, discriminatorias y contrarias a derecho”. También adelantó que acompañará “oportunamente copia de las resoluciones cuestionadas y de los recursos deducidos a nivel judicial y administrativo, a fin de facilitar la labor del Observatorio y permitir el análisis objetivo del caso”. Reiterada emisión de resoluciones “groseramente lesivas” Reggiardo consignó: “Concretamente, me refiero a la reiterada emisión de resoluciones judiciales por parte del juez Francisco Márquez —quien interviene en diversas causas en las que actúo como parte—, cuyas regulaciones de honorarios han resultado, de forma sistemática, groseramente lesivas de mis derechos, sin fundamentación jurídica adecuada y apartadas de los criterios objetivos establecidos por la legislación arancelaria vigente”. Patrón de hostilidad identificable y verificable El letrado entendió que “estas regulaciones no constituyen casos aislados, sino que se insertan en un patrón de hostilidad judicial identificable y verificable en el archivo de expedientes donde dicho magistrado ha intervenido”. Añadió que “resulta particularmente grave que en ninguna de esas causas se haya aplicado el régimen de la Ley Provincial Nº 7.046 con sus modificaciones ni el criterio proporcional entre lo reclamado, lo obtenido y la complejidad del trabajo desplegado, configurando una afectación directa a la retribución digna del ejercicio profesional”. Para el abogado el “accionar no solo representa una vulneración a mi derecho al trabajo (artículo 14 Constitución Nacional), sino también a mi derecho de propiedad sobre los frutos del mismo (artículo 17 CN), al trato igualitario como profesional (artículo 16 CN), y al ejercicio de la defensa sin represalias (artículos 8.1 y 25 de la CADH; Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, ONU, 1990)”. Antecedente En abril de este año, Márquez fue uno de los magistrados de la provincia que recibió una nota firmada por Simón en la que se recordó la vigencia de la Ley N° 10.141, que “regula el régimen de honorarios profesionales y establece parámetros mínimos que deben ser respetados al momento de la regulación judicial de los mismos. Esta normativa, de carácter imperativo, reconoce el carácter alimentario y la función social del ejercicio profesional, y resulta una herramienta fundamental para garantizar condiciones dignas de trabajo”. La presidenta del CAER precisó que en el Colegio funciona un “Observatorio de Honorarios”, que fue creado para “receptar denuncias de colegas ante situaciones de incumplimientos o regulaciones que perforan el mínimo legal establecido por la ley”. La posición del Colegio motivó la reacción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que respondió en una nota firmada por firmado por el presidente, Alejandro Cánepa, y la vocal, Elisa Zilli, en la que se cuestionó a Simón por presionar a magistrados y de incurrir en faltas éticas graves. Se sostuvo que se trató de una forma de "violencia simbólica nunca antes vista". (APFDigital)
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