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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 29/07/2025 23:20
Este martes, ante el Kuez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, el exministro de Trabajo de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, reconoció haber recibido coimas y dádivas con el fin de beneficiar a la empresa Relevamientos Catastrales S.A., del empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, durante su paso por el gobierno de Sergio Urribarri. El reconocimiento se dio en el marco de un juicio abreviado al que accedió voluntariamente. Smaldone, que se representó a sí mismo como abogado en causa propia, aceptó la imputación por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y cohecho, calificados en concurso ideal. Acordó una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional y una multa de $90.000, el máximo previsto por el Código Penal. Además, se informó que la reparación económica al Estado está siendo tramitada, aunque no se precisó el monto. La causa judicial revela un entramado de vínculos y maniobras entre funcionarios del Ejecutivo provincial y la empresa Relevamientos Catastrales S.A., dedicada al desarrollo e implementación de software para la administración pública. El objetivo: generar beneficios económicos ilícitos mediante contrataciones direccionadas y maniobras administrativas fraudulentas. El exfuncionario fue uno de los señalados junto al exgobernador Sergio Urribarri, y otros exfuncionarios como Carlos Haidar, Miguel Ángel Ulrich, Humberto Flores, Luis Alfonso Erbes, y el fallecido José Gervasio Laporte. Entre los hechos más graves que se investigan figura la falsificación de fechas en documentos oficiales, que permitió extender contratos y cobrar sumas sin contraprestación real. Smaldone fue categórico al reconocer su responsabilidad: “Acepto haber sido el autor de los hechos”, dijo al Juez Malvasio, dejando allanado el camino para la sentencia. Mientras tanto, los demás imputados -entre ellos el propio Urribarri- irán a juicio oral, salvo que también acuerden juicios abreviados antes del inicio del debate, cuya fecha deberá fijar la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). La causa sigue siendo una de las más relevantes de los últimos años en Entre Ríos, por el alcance institucional y político que involucra.
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