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  • Derechos de las personas con discapacidad: Desafíos y soluciones

    Concordia » Libre Entre Rios

    Fecha: 28/07/2025 03:38

    Compartilo con La crisis actual en Argentina pone en el centro del debate los derechos de las personas con discapacidad. Mientras el gobierno nacional impulsa una política de recortes y confrontación, la experiencia internacional y el consenso social en el país apuntan hacia soluciones constructivas que promueven la autonomía y la inclusión real, demostrando que existen alternativas al desmantelamiento del sistema. La Discapacidad en Cifras A marzo de 2025, en Argentina hay 1.9 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que representa el 4.1% de la población.Sin embargo, esta cifra evidencia un subregistro histórico, ya que el Censo 2022 arrojó una prevalencia del 10.2%, y la Organización Mundial de la Salud estima que el 16% de la población mundial vive con alguna discapacidad. En Entre Ríos, hay 56,861 personas con CUD, con una tasa de 393 cada 10,000 habitantes. En comparación, países de la región como Chile y Uruguay reportan tasas de prevalencia significativamente más altas, cercanas a los promedios internacionales, con un 17% y un 15.9% respectivamente.Esto no necesariamente implica una mayor cantidad de personas con discapacidad, sino sistemas de registro posiblemente más eficientes y un mayor reconocimiento de la condición. Garantizando los derechos de las personas con discapacidad: una mirada global Si bien las políticas de austeridad han afectado a los servicios sociales en diversos países, la situación argentina presenta rasgos particulares por la intensidad de la ofensiva retórica y administrativa desde el propio Estado. Gobiernos como el de Trump en EE.UU. también aplicaron recortes que afectaron a personas con discapacidad, pero la actual situación en Argentina, con el uso de lenguaje peyorativo desde el poder y el cuestionamiento a la base del sistema de derechos, es un caso de estudio. Argentina enfrenta una crisis en los derechos de las personas con discapacidad, con enfrentamientos entre el presidente Javier Milei y legisladores y vastos sectores de la sociedad civil. Frente a la encrucijada argentina, el mundo ofrece un abanico de soluciones que van más allá del simple “asistencialismo” que critica el gobierno, para enfocarse en la autonomía y la vida independiente. • Financiamiento Directo y Autogestión: En países como Canadá y Australia, existen modelos de “financiamiento individualizado”. En lugar de que el Estado pague directamente a los prestadores, se asigna un presupuesto a la persona con discapacidad o a su familia para que ellos mismos contraten los apoyos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades. Esto fomenta la elección, la competencia entre prestadores y empodera al individuo como gestor de sus propios cuidados, alineándose con el paradigma de la vida independiente. • Codiseño de Políticas Públicas: El lema “Nada sobre nosotros sin nosotros” es el pilar de los sistemas más avanzados. En Australia, la Estrategia Nacional de Discapacidad 2021-2031 se desarrolló con la participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Este enfoque garantiza que las políticas públicas sean relevantes, efectivas y respetuosas de las verdaderas necesidades de la comunidad, un contraste marcado con la actual falta de diálogo en Argentina. • Inversión en Accesibilidad Universal: Más que un gasto, la accesibilidad es una inversión. Países como España han avanzado en reformas para garantizar la accesibilidad universal no solo como un derecho, sino como un pilar del diseño de políticas y servicios. Un entorno sin barreras (transporte, edificios, comunicación) reduce la dependencia de servicios especializados y promueve la inclusión natural en la comunidad. La solución a la crisis argentina no parece pasar por la demolición de un sistema que, aunque perfectible, es vital. La clave podría estar en una reforma inteligente, que incorpore modelos probados a nivel mundial para transitar de un sistema de protección a uno de promoción de la autonomía, asegurando los fondos necesarios y poniendo siempre los derechos y la dignidad de las personas en el centro.

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