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» El Ciudadano
Fecha: 27/07/2025 19:31
“Sin derecho a la protesta social no hay democracia ni libertad”, así se expresaron desde la Comisión Provincial por la Memoria a partir de su último informe que reúne la información relevada durante el primer semestre de 2025: del despliegue policial en 39 movilizaciones, en 21 de ellas se produjeron episodios represivos. Es decir, más de la mitad de las movilizaciones fueron reprimidas en la Ciudad de Buenos Aires. Tal como indica su web oficial, la Comisión por la Memoria (CPM) es “un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos”. Desde 1999, con sede en La Plata, se dedican a un trabajo sostenido en compromiso “con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos en democracia”. Desde la implementación del protocolo antipiquetes, la CPM monitorea el despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. “Esta labor se realizó en nuestro carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, en el marco del trabajo articulado con el Comité nacional para la prevención de la tortura y el Mecanismo local de CABA”, expresaron en un comunicado. El mismo indica: “Si se tiene en cuenta que el año pasado se reprimieron 3 de cada 10 manifestaciones, estos datos de 2025 dan cuenta de una decisión político-institucional de responder aún con más violencia y represión a los reclamos de amplios sectores de la sociedad, en particular de los sectores más vulnerables como el caso de los adultos mayores”. En este sentido, señalaron que su monitoreo confirma “el aumento exponencial de la represión a la protesta social: en sólo seis meses hubo más personas heridas y detenidas en la movilización que en todo el 2025”. Consideraron que “en todas las manifestaciones se registró un despliegue policial desproporcionado en número y recursos en relación a la cantidad de manifestantes convocados, tanto en el lugar de la concentración como en las zonas aledañas”. Y que ese número de efectivos llegó “a duplicar y hasta triplicar la cantidad de participantes”. “Las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria– y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires utilizaron contra las y los manifestantes armas menos letales de manera irracional y desproporcionada, sin respetar los protocolos de usos. Dispararon con postas de goma a corta distancia y contra zonas vitales, arrojaron gases químicos sobre los rostros, lanzaron agua a presión, y golpearon con tonfas y escudos”, describieron. Relevaron al menos 1251 personas heridas —36 más que en todo 2024—, entre ellas 132 adultos mayores y 4 niños, niñas y adolescentes; además, 179 periodistas que cubrían los hechos y al menos 20 defensores de derechos humanos. Sobre la gravedad de las heridas, puntualizaron: “Uno perdió la visión de su ojo, el otro, el fotorreportero Pablo Grillo, estuvo internado en terapia intensiva durante 83 días, con una fractura de cráneo producto del impacto con una bomba de gas lacrimógeno; aún hoy, Grillo continúa internado recuperándose de las graves lesiones”. Hubo más detenciones en estos meses que en todo el año anterior: 130 contra 93. “Se trató de detenciones arbitrarias, sin las mínimas garantías legales, en muchos casos sin informar los motivos ni los lugares de las detenciones”. Además de manifestantes, periodistas y activistas, las fuerzas de seguridad detuvieron a vendedores ambulantes y transeúntes. Finalmente, subrayaron que a pesar de la extensa documentación que hay de estos excesos “los funcionarios responsables de estos actos de violencia estatal gozan de impunidad: las causas penales iniciadas están todas en etapa sin instrucción sin mostrar avances significativos y los sumarios internos administrativos menos, muchos de ellos incluso ya se cerraron absolviendo de responsabilidades a los agentes de las fuerzas de seguridad”. Desde la Comisión consideran que se trata de una “aceitada maquinaria represiva ilegal, sostenida por el Gobierno nacional” cuyo objetivo principal es “generar el temor en quienes se manifiestan y limitar la participación”. Desde sus inicios, la CPM generó instancias de encuentro entre el estado y la sociedad civil, desplegando acciones en todo el territorio de la provincia y luego en todo el país. “Por tratarse de una experiencia pionera en el país, el modelo institucional que le dio origen sirvió de referencia para la creación de comisiones en otras provincias del territorio nacional”, señalan en sus canales oficiales. La Comisión fue creada el 8 de julio de 1999 y el 13 de noviembre de 2019 fue designada Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la Provincia de Buenos Aires.
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