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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 27/07/2025 16:01
Compartilo con La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por unanimidad en el Senado, representa hoy el epicentro de un choque de poderes en Argentina. Mientras el Congreso busca dar respuesta a una crisis sistémica que afecta a millones de personas, el presidente Javier Milei ha prometido vetarla, desatando una tormenta política y una profunda incertidumbre en uno de los colectivos más vulnerables del país. La situación del sector es crítica. Prestadores como terapeutas, transportistas y centros de día denuncian un atraso en los aranceles que paga el Estado superior al 70% frente a la inflación, lo que hace insostenible la continuidad de los servicios. A esto se suma la suspensión de miles de Pensiones No Contributivas (PNC) a través de un masivo proceso de auditorías y una licuación del poder de compra de las que aún se pagan. En este contexto, el Congreso actuó. La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley el 5 de junio y el Senado la convirtió en ley por 55 votos a favor y ninguno en contra el 10 de julio, reflejando un amplio consenso político sobre la urgencia del problema. Contenido de la Ley de Emergencia en Discapacidad Mientras el Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, el presidente Javier Milei amenaza con vetarla. La ley, vigente hasta diciembre de 2027, establece medidas concretas para abordar la crisis: Regularización de pagos y actualización mensual de aranceles para los prestadores. de aranceles para los prestadores. Garantizar el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas , fijándolas en un 70% del haber mínimo jubilatorio y asegurando auditorías accesibles. , fijándolas en un 70% del haber mínimo jubilatorio y asegurando auditorías accesibles. Fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y mejorar los procesos para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). y mejorar los procesos para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Reafirmar la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público. La ofensiva del Gobierno La respuesta del Ejecutivo fue de rechazo frontal. Antes de la sanción definitiva, la ANDIS, dirigida por Diego Spagnuolo, calificó la iniciativa de “regresiva” y “asistencialista”. Tras la aprobación, el presidente Milei confirmó que la vetaría para no comprometer el equilibrio fiscal y llegó a tildar de “traidora” a la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber permitido la sesión en el Senado. Este cruce desató una interna feroz. Villarruel respondió públicamente a las acusaciones, sentenciando que “un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos” y sugirió al presidente “que ahorre en viajes y en la SIDE”. La postura del gobierno no se limita al veto. En febrero de 2025, la ANDIS generó un repudio generalizado al reflotar términos peyorativos como “idiota” o “imbécil” en una normativa para clasificar la discapacidad intelectual, un texto copiado de un decreto de 1998. Aunque luego se retractaron alegando un “error”, el hecho se sumó a una retórica hostil por parte del propio presidente, quien ha utilizado el término “mogólico” de forma despectiva y ha sido denunciado por hostigar en redes sociales a un niño activista con autismo.
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