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» Misionesopina
Fecha: 27/07/2025 15:00
Por Brenda Casco* Como profesional comprometida con el derecho ambiental y el desarrollo sostenible, celebro profundamente que la provincia de Misiones haya dado pasos firmes y valientes hacia un modelo productivo que pone en primer plano la salud humana, la protección del ambiente y la soberanía productiva de nuestra tierra. La reciente decisión de implementar una prórroga controlada a la prohibición del glifosato, acompañada de la creación de un registro riguroso para productores que acrediten una necesidad comercial legítima y presenten planes concretos de transición, representa un equilibrio fundamental. Este equilibrio armoniza la protección de la vida y el cuidado del ambiente con el respeto y acompañamiento a quienes hoy sostienen la economía productiva provincial. No se trata de una medida restrictiva arbitraria, sino de una política pública responsable que busca avanzar hacia una producción rural más sana, sin desamparar a quienes enfrentan desafíos para adaptarse. El marco normativo vigente, que limita el uso del agroquímico a parcelas autorizadas, regula estrictamente las cantidades máximas permitidas y exige mecanismos efectivos de mitigación ambiental, constituye un avance jurídico ejemplar. Este sistema incorpora principios fundamentales del derecho ambiental, tales como el principio de precaución —que insta a evitar daños potenciales cuando no existe certeza científica absoluta—, la progresividad ambiental —que impulsa mejoras graduales y sostenibles en las prácticas productivas—, y la justicia intergeneracional —que nos obliga a garantizar un ambiente sano y viable para las generaciones futuras. El modelo productivo basado en el glifosato ha demostrado ser insostenible. Sus consecuencias negativas son profundas y permanentes, impactando negativamente en los suelos, en la calidad de las aguas, en la biodiversidad y, especialmente, en la salud humana. En nuestra provincia, estos efectos se manifiestan en alarmantes tasas de malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas infantiles y otras patologías vinculadas a la exposición a este agroquímico. Un caso emblemático que refleja el daño que el glifosato puede ocasionar es el juicio que enfrenta Bayer en Francia, donde la familia Grataloup denunció que la exposición prenatal a este herbicida causó graves malformaciones en el joven Théo, quien tuvo que someterse a más de 50 cirugías para poder alimentarse con normalidad. Este caso no solo evidencia los riesgos concretos del glifosato sobre la salud humana, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar regulaciones estrictas y alternativas productivas más seguras. En este contexto, los bioinsumos aparecen como una herramienta clave para la construcción de un modelo productivo regenerativo, sostenible y socialmente justo. Pero ¿qué son los bioinsumos? Los bioinsumos son productos de origen biológico —microorganismos, extractos vegetales, sustancias naturales— que se utilizan en la agricultura para promover el crecimiento de las plantas, controlar plagas y enfermedades, y mejorar la fertilidad y estructura del suelo, sin generar contaminación ni efectos tóxicos para el ambiente ni la salud humana. Su uso representa una alternativa viable para sustituir o disminuir el uso de agroquímicos sintéticos, como el glifosato, favoreciendo un manejo más equilibrado y respetuoso de los ecosistemas. El empleo de bioinsumos no solo mejora la calidad del suelo al fomentar su microbiología natural y aumentar su capacidad de retención hídrica, sino que también protege la biodiversidad al ser compatibles con insectos polinizadores, aves y otros organismos benéficos. Además, permite una producción limpia de alimentos libres de residuos tóxicos, lo que beneficia tanto a productores como a consumidores. Desde una perspectiva económica y social, los bioinsumos promueven la economía circular en el ámbito rural, pues muchos pueden ser producidos localmente en biofábricas comunitarias o cooperativas, revalorizando saberes tradicionales y fortaleciendo la soberanía alimentaria. También fortalecen la resiliencia de los sistemas productivos frente a fenómenos climáticos adversos, un aspecto fundamental en tiempos de cambio climático acelerado. Desde mi rol, sostengo que esta transición hacia los bioinsumos debe estar siempre guiada por la ciencia, la participación activa de todos los actores sociales y la voluntad política firme. Solo así podremos garantizar que el derecho a un ambiente sano sea una realidad efectiva y concreta para todas las generaciones presentes y futuras. Misiones, con esta política pública, demuestra que es posible crecer cuidando; que la producción agrícola no está reñida con la protección ambiental ni con la salud de las personas. Este es el camino que debemos consolidar, profundizar y replicar para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible y justo. *Abogada especialista en Derecho Ambiental. Asesora del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones.
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