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La Paz » Politica con vos
Fecha: 27/07/2025 14:24
El 24 de julio de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos emitió un fallo unánime que rechazó sin contemplaciones la denuncia presentada por el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, contra las autoridades del Tribunal de Cuentas provincial. Rossi, ex vicegobernador, había presentado ante el Jury una denuncia respaldada por un archivo con más de 546 cheques vinculados a supuestas contrataciones truchas, detallando números, montos, emisores, receptores, cajeros y firmas. Según él, se trata del núcleo de una operatoria fraudulenta por más de USD 52 millones y más de 800 contratos falsos que habrían sido encubiertos sistemáticamente por el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo es posible que con tanta evidencia no haya perspectiva de investigación? Según el Jurado, los argumentos de Rossi se apoyaban en “meros indicios o presunciones”, sin aportar “ningún elemento de convicción” que justificara siquiera la apertura de una causa. Fernando Varela, vocero del cuerpo, sostuvo que no había pruebas valorables más allá de conjeturas; Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal, concluyó que no se aportaron pruebas mínimas suficientes. Rossi denunció un sistema judicial politizado y complaciente El intendente no sólo acusó la negligencia del Tribunal de Cuentas, sino apuntó directamente al corazón del poder provincial: consideró que la Justicia entrerriana está permeada por una doble vara que protege a sus propios actores y deja desprotegida a la ciudadanía . Para Rossi, los auditores, fiscales y jueces forman parte de una trama que no actúa, que justifica indefinidamente el desvío de recursos públicos millones tras año. Reggiardo, su abogado, fue aún más concreto: denunció ante la CIDH una persecución judicial en respuesta a sus denuncias, donde personajes como el fiscal Álvaro Piérola y el presidente del STJ, Leonardo Portela, habrían coordinado para frenar cualquier avance en las demandas por corrupción . Según él, existe un abuso institucional que va desde el archivo exprés de causas hasta el hostigamiento procesal. El silencio cómplice y la protección política Lo más grave del fallo no es sólo la negación de dar curso a la denuncia, sino el hecho de que nadie investigó la supuesta lista de 546 cheques, ni se activaron mecanismos mínimos de investigación: ni testigos, ni medidas de prueba, ni análisis técnico de auditorías. Nada. Rossi señaló también a jueces y legisladores oficialistas, vinculándolos con la cobertura política que blindó a los denunciados. Mencionó al gobernador Rogelio Frigerio y a legisladores de su bloque como parte de esa estructura de respaldo institucional que ha evitado cualquier avance real en la investigación . ¿Qué significa esta decisión? Es una derrota para la transparencia democrática: el Tribunal de Cuentas fue acusado de complicidad, Rossi presentó pruebas concretas y documentadas —que incluyen datos sensibles y nombres específicos en cientos de operaciones dudosas—, pero el diseño institucional favoreció el silencio y el blindaje. Rossi ya anticipó que apelar ante el Superior Tribunal de Justicia y, de persistir el cerrojo, acudir a la Corte Suprema y la CIDH, apostando a que la justicia federal o internacional logre destrabar lo que el sistema entrerriano pretende enterrar. En pocas palabras Un órgano construido para garantizar la ética pública rechazó denuncias con base documental real, en un contexto donde la Justicia provincial ha sido señalada como parte del problema. La decisión del 24 de julio no solo cierra una causa, sino que evidencia una puerta giratoria entre el poder y la impunidad. (La Caldera)
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