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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 25/07/2025 14:41
Para llevar adelante este proceso, se realizará un relevamiento técnico de las condiciones de las vías, las obras sobre las trazas, los inmuebles involucrados y el equipamiento de los talleres (Foto: Shutterstock) Mediante la Resolución 1049/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., con la aprobación de medidas operativas y técnicas para avanzar en su desintegración estructural y la posterior licitación de sus activos. El proceso, enmarcado en lo dispuesto por la Ley 27.742 y los decretos 67/2025 y 695/2024, contempla una privatización total de la compañía mediante la división de sus unidades de negocio en tres segmentos principales: material rodante, vías e inmuebles aledaños y talleres ferroviarios. Venta del material rodante y financiamiento de obras El Estado Nacional pondrá a remate público el material rodante actualmente administrado por Belgrano Cargas, según lo establece el artículo 2° de la resolución. El inventario, estado de situación, vida útil y condiciones de remate serán definidos por la Secretaría de Transporte. El producido de esta venta se destinará a un fideicomiso de obra para financiar trabajos de infraestructura sobre las vías ferroviarias que serán concesionadas. Para ello, el Banco de la Nación Argentina deberá abrir una cuenta fiduciaria específica dentro del Fideicomiso creado por el Decreto 976/2001. La medida apunta a garantizar la reinversión de los recursos obtenidos en mejoras del sistema ferroviario nacional. Concesión de vías y talleres La resolución instruye a avanzar con la licitación pública nacional e internacional para la concesión de uso de las vías correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, junto con sus inmuebles aledaños. Asimismo, se procederá a la concesión de los talleres ferroviarios, que también forman parte del patrimonio estatal administrado por la empresa. Para llevar adelante este proceso, se realizará un relevamiento técnico de las condiciones de las vías, las obras sobre las trazas, los inmuebles involucrados y el equipamiento de los talleres. La Secretaría de Transporte será responsable de definir las condiciones técnicas y contractuales de cada licitación, en coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, unidad que coordina la reestructuración del sector estatal empresario. El Estado Nacional pondrá a remate público el material rodante actualmente administrado por Belgrano Cargas, según lo establece el artículo 2° de la resolución (Foto: Shutterstock) Disolución de la empresa y plazo máximo Una vez adjudicadas las concesiones y concretadas las ventas, se procederá a la disolución y liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A.. La Agencia de Transformación tendrá 12 meses a partir de la publicación de la resolución para completar el proceso. Además, el Ministerio de Economía encargará a una entidad bancaria pública la tasación de los flujos de ingresos futuros asociados a las concesiones, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación indicó que solo puede valuar el material rodante, pero no los ingresos proyectados de las operaciones ferroviarias. Plataformas digitales y control administrativo La resolución establece que todos los procedimientos administrativos y de remate se realizarán mediante las plataformas digitales SUBAST.AR y CONTRAT.AR, asegurando transparencia en la gestión del proceso. También se instruye a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía a efectuar las adecuaciones contractuales necesarias para garantizar la correcta utilización del fideicomiso y la aplicación de los fondos obtenidos. Un cambio estructural para el sistema ferroviario La privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. representa un cambio estructural en el sistema ferroviario de cargas argentino. Fundada para gestionar líneas clave en el transporte de mercancías, la empresa fue declarada “sujeta a privatización” por ley, en línea con una política general de reorganización del sector público y de impulso al modelo de acceso abierto ferroviario. Este modelo busca fomentar la participación del sector privado en la operación de trenes sobre infraestructura estatal, bajo esquemas de concesión que aseguren mantenimiento, inversión y eficiencia operativa. Con esta resolución, el Estado da un paso clave para redefinir el rol público en el sistema de cargas, apostando por una mayor articulación con actores privados y el uso de mecanismos de financiamiento específicos para obras ferroviarias.
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