25/07/2025 22:01
25/07/2025 22:01
25/07/2025 22:01
25/07/2025 22:01
25/07/2025 22:00
25/07/2025 22:00
25/07/2025 22:00
25/07/2025 22:00
25/07/2025 21:58
25/07/2025 21:58
Parana » APF
Fecha: 24/07/2025 19:30
Alejandro Di Palma, Ubaldo Roberto Domingo y Rubén Pagliotto, abordaron la situación económico financiera de Enersa y entre otros puntos de importancia, señalaron que “el alto costo de la energía en Entre Ríos no es producto de una fatalidad, sino de una gestión regulatoria y una decisión de política energética (en cabeza del gobernador) ineficiente y complaciente con una estructura de costos inflada de Enersa (al resultado del balance 2024 nos remitimos)”. jueves 24 de julio de 2025 | 18:48hs. En un informe que titularon “Sobre la regulación energética provincial regulación, balance y tarifas”, Alejandro Di Palma, Ubaldo Roberto Domingo y Rubén Pagliotto, trazaron un estado de situación de la Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa) y expresaron que “el hecho de que Entre Ríos tenga una de las tarifas eléctricas más altas del país, incluso superando a provincias de la región centro y el Litoral como Santa Fe y Córdoba, es una demostración clara del fracaso de la política energética de ésta gestión, a 20 meses de su gestión (42% del mandato)”. Se añadió que “su intervención, lejos de garantizar un esquema tarifario equitativo y eficiente, ha permitido que se consolide un modelo donde los usuarios pagan más sin una justificación razonable, lo que impide además el Desarrollo Productivo”. A continuación el informe completo: Luego de un profundo análisis, advertimos que el balance 2024 presentado por ENERSA (que refleja su situación económica financiera al 31/12/2024, con el agravante de que esa fotografía se ha prolongado durante los meses transcurridos hasta hoy), deja a la vista un conjunto de puntos que intentaremos señalar y profundizar en términos conceptuales y eminentemente técnicos. Resulta imprescindible una adecuada regulación y control sobre aquellas empresas prestadoras de servicios públicos esenciales (en el caso, distribución de energía eléctrica) que ejercen su función dentro de un área de concesión otorgado por el Gobierno Provincial (prorrogado recientemente por diez años más mediante Decreto 844/25 GOB) donde existe un monopolio natural, es decir, donde no hay competencia ni posibilidad alguna de elección por parte del usuario/consumidor sobre su prestador. Ello, a efectos de evitar cualquiera tipo de distorsión en sus “costos” operativos (entre ellos, las tarifas). Es lógico que, tratándose de empresas privadas, su fin sea lucrativo. Ahora, cuando se habla de una empresa “Pública” (como es el caso de Enersa), entran en juego otros objetivos, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad en su conjunto: su calidad de vida, el desarrollo de la producción que en el siglo XXI está vinculado fuertemente con la disponibilidad de energía, el acceso económico a esta y el agregado de valor a la producción, que siempre estuvo y estará conectado con la energía. Dicho lo anterior vemos que en una provincia como la nuestra, la distribuidora eléctrica (y las sub distribuidoras - cooperativas) deberían atender un elemento que es la columna vertebral de cualquier política energética: La tarifa, de forma tal que su definición garantice el acceso universal, a precios justos, razonables y “transparentes”. En la provincia de Entre Ríos, el problema energético ha sido desoído por todos los gobiernos y la resultante de esta inacción dolosa, es la realidad productiva que no tiene sentido negar con frases vacías como “debemos dejar de ser la hermana pobre de la región centro”, cuando vemos que la acción política resulta contraria a toda posibilidad de desarrollo. En otras palabras: que el objetivo del sector energético provincial sea tener las tarifas más baratas que las provincias de la región centro, no solo es un error técnico (tarifario) sino la demostración de la ausencia total de un plan “estratégico” energético (aún con la existencia de una Gerencia de Asuntos Estratégicos en Enersa, creada por ésta gestión de Gobierno). El desarrollo no deviene solo por el simple paso del tiempo, sino que resulta ser el resultado de un “Plan Estratégico” que inexorablemente debe contar en una posición de importancia superlativa a una “Política Energética”. Es por esto que resulta necesario que, de seguir con esta lógica política de desentenderse de las cuestiones relativas a la energía, seguiremos condenados a una economía agro pastoril con sueldos simples y cuya principal industria, como lo es en todas las regiones subdesarrolladas, es la administración. Las últimas obras energéticas relevantes en la provincia fueron hace años: la primera inaugurada en el año 1985 (cruce del gasoducto por el rio Paraná) y la segunda inaugurada en el año 2015 (ET500/132 kV –Gran Paraná). Sacando ellas, ningún gobernador (como titular de la política energética provincial) se interesó en invertir en infraestructura; a pesar de que “Sobra Dinero” para el desarrollo, nuestra provincia sigue siendo víctima de las mentiras y de los discursos vacíos que incluyen promesas de futuros venturosos que nunca llegaron a tocar tierra en esta zona, o de la reciente presentación de 57 nuevos vehículos adquiridos por Enersa. Con el balance 2024 de Enersa en mano debemos señalar que, se prefirió sostener un superávit comercial, por el cual deberá la provincia transferir a la nación la abultada suma de 15.748 Millones de pesos en concepto de impuesto a las ganancias más los anticipos correspondientes de este año que representan el 11,11% de ese impuesto, la suma mensual de 1.700 Millones aproximadamente (comparativamente con la inversión de modernizar la flota de automóviles en 2.500 Millones deja transparentado lo irracional de semejante transferencia de recursos a la nación), en vez de invertir en la infraestructura básica eléctrica de la provincia que presenta faltas sensibles. Más aun, resulta que, ante las críticas abiertas sobre semejante hecho, el gobierno provincial, a través de los directivos de Enersa, decidieron cambiar los vehículos seminuevos de la empresa distribuidora por vehículos 0 kms (en un total de 57, como se dijo), postergando la inversión en infraestructura eléctrica (líneas de distribución, transporte, subestaciones transformadoras y/o postes) para cuando no quede ninguna otra posibilidad de postergación (colapsos energéticos) y/o de tener una tarifa que refleje los costos eficientes del sistema. Este gobierno, en contra de lo que prometió abiertamente en campaña (e inclusive apenas asumió), instalo al frente de la gestión eléctrica a funcionarios sin ningún tipo de idoneidad en la materia, que no conocen no solo lo más mínimo de regulación, energía eléctrica, transición energética, etc., sino que ni siquiera muestran capacidad para estar al frente de una empresa Estatal y con el agravante que nos referimos a una empresa de la cual depende el desarrollo de la provincia de Entre Ríos. No aclare que oscurece Ante las críticas que surgen de la más simple observación del superavitario balance 2024 de Enersa, su actual presidente lanza una llamativa gacetilla (en fecha 23/07/2025) con la que pretende refutar la desinversión evidente, la supuesta “gestión eficiente de la Distribuidora Provincial” referida por el Presidente de la compañía, no puede mostrar ninguna obra relevante en veinte (20) meses de gestión, solo tienen para mostrar un superávit de $ 41.997.267.380 que surge de la contabilidad de la empresa cerrada el 31/12/2024, que sintéticamente demuestra la no ejecución de ese abultado importe y por el cual la empresa Enersa deberá pagar Ganancias por la suma de $ 15.748.820.993 con más los anticipos de ganancias en este año, montos de aproximadamente 1.700 Millones mensuales. Sobre todo, cuando los defensores y teóricos de las “tarifas más caras del país”, otorgaron un furioso y desmedido ajuste tarifario que tuvo que ser desactivado rápidamente por lo grotesco, resultando en el congelamiento del VAD. En efecto, el alto costo de la energía en Entre Ríos no es producto de una fatalidad, sino de una gestión regulatoria y una decisión de política energética (en cabeza del gobernador) ineficiente y complaciente con una estructura de costos inflada de enersa (al resultado del balance 2024 nos remitimos). El congelamiento del VAD es la prueba más clara de que la provincia nunca tuvo un criterio sólido ni transparente para fijar tarifas, sino que ha actuado con improvisación y falta de control real sobre el mercado, al cual previamente durante el mes de febrero a agosto (inclusive) del 2024 le otorgó un aumento de más del 400% (solo de VAD). El hecho de que Entre Ríos tenga una de las tarifas eléctricas más altas del país, incluso superando a provincias de la región centro y el litoral como Santa Fe y Córdoba, es una demostración clara del fracaso de la política energética de ésta gestión, a 20 meses de su gestión (42% del mandato). Su intervención, lejos de garantizar un esquema tarifario equitativo y eficiente, ha permitido que se consolide un modelo donde los usuarios pagan más sin una justificación razonable, lo que impide además el Desarrollo Productivo. El último aumento Como si los anteriores desaciertos fueran pocos, debemos señalar que por medio del Decreto 1137/25 GOB de fecha 29/05/2025, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 30/05/2025, se derogó la bonificación del cuatro por ciento (4 %) sobre el importe básico facturado, antes de la aplicación de recargos y/o penalidades establecidas por excesos de consumo, impuestos, tasas y contribuciones, que beneficiaba desde el año 2004 (Decreto 7268/04 MGJEOySP y su modificatorio Decreto 4720/11 GOB-) a los usuarios T2 y T3 industriales. Sintéticamente, un aumento del 4% milimétricamente direccionado hacia la industria. El fundamento dado en el Decreto, que en realidad implica un aumento en la tarifa eléctrica para dichos usuarios, se sustenta en que “las políticas públicas de subsidios en materia de energía y en relación a las grandes actividades económicas productivas deben ser direccionadas a la ejecución de obras eléctricas”. Por ello, mediante el Decreto 1137/25 se buscó la “reafectación o reorganización de los recursos económicos que se destinaban a dicho programa, a obras eléctricas focalizadas bajo los programas o planes de obras que lleve adelante la Secretaría de Energía de la Provincia”. Sin embargo, no se ha “focalizado” que los recursos económicos que se destinaban a dicho programa (subsidio productivo) tienen como base normativa el artículo 63° de la Ley N° 8916 (Marco regulatorio Provincial), texto según art. 1° de la Ley 10.153, el cual dispone que “El Fondo Compensador de Tarifas será administrado por la Secretaría de Energía, y se utilizará para otorgar subsidios tarifarios explícitos, compensar tarifas a usuarios finales del sistema de electrificación rural, o subsidios directos de compensación de tarifa…”. En otras palabras: se re afectaron recursos económicos por decreto y no por ley. Es decir que, el VAD “congelado” lo pagamos todos los entrerrianos vía subsidios “cruzados” (prohibidos por ley 8916), y por el 50% de la tasa de fiscalización y control que percibe el EPRE que también por Decreto 924/25 GOB (de fecha 09/05/2025) fue retraídos del presupuesto anual del ente e “incorporados” a las rentas generales del tesoro provincial (sí, nuevamente por decreto 1255/25 de fecha 12/06/2025). También debemos brindar información (de la que nadie habla) sobre el pago a la nación del costo de la energía en el mercado eléctrico mayorista. Según el Informe de Cobranzas la situación al 30/06/2025 de las tres agentes MEM de la provincia es la siguiente: • Coop. Concordia: Saldo No Regularizado al 30/06/2025: $6.366.112.235 (USD4.993.029,20) • Coop. Gualeguaychú: Saldo No Regularizado al 30/06/2025: $5.249.947.542 (USD4.117.605,92) • ENERSA: Saldo No Regularizado al 30/06/2025: $469.626 (USD370) Es deber del Poder Concedente, como titular de la política energética provincial, que las distribuidoras provinciales NO tengan deudas con el Estado Nacional, dado que la energía que pagamos los consumidores debe ser pagada directamente, actuando las distribuidoras como agentes de percepción. Su mora, hace solidariamente responsable al Estado Provincial. Conclusiones Ausencia de planificación estratégica en materia energética: La provincia de Entre Ríos carece de un verdadero plan energético estratégico que oriente las decisiones de inversión, tarifas e infraestructura. Esto ha derivado en un manejo improvisado, alejado de una visión de desarrollo sustentable y productivo. Tarifas injustas y desarticuladas del desarrollo: El modelo tarifario vigente en Entre Ríos no refleja criterios de equidad, eficiencia ni transparencia. Lejos de fomentar el desarrollo, ha consolidado un esquema de costos inflados que ubica a la provincia entre las más caras del país, afectando especialmente a los sectores productivos. Desinversión encubierta bajo balances superavitarios: El superávit presentado por ENERSA en su balance 2024 no refleja eficiencia, sino subejecución de inversiones imprescindibles para garantizar la calidad del servicio. Esta desinversión perjudica al sistema eléctrico provincial y al desarrollo económico. Decisiones regresivas y por decreto: La eliminación del subsidio del 4% a usuarios industriales (T2 y T3), así como la reasignación de fondos del EPRE a rentas generales, fueron realizadas por decretos sin sustento legal suficiente, vulnerando el marco normativo vigente (Ley 8916 y Ley 10.153). Mal manejo de fondos públicos: Se destinaron recursos a la compra de 57 vehículos 0 km en lugar de invertir en infraestructura crítica. Además, se desvió el 50% de la tasa de fiscalización del EPRE al Tesoro Provincial, incumpliendo su destino específico legal. Falta de idoneidad en la gestión estatal: La actual conducción de ENERSA (Directorio y Gerencias) carece de conocimientos técnicos y regulatorios en energía eléctrica. Esta improvisación ha profundizado los problemas estructurales del sector. Peligro de colapso estructural: La postergación sistemática de inversiones amenaza con un colapso energético inminente, sobre todo ante picos de demanda. La política de “parche y postergación” no es sostenible. Riesgo de responsabilidad solidaria del estado: Si bien Enersa no presenta deuda significativa en el MEM, las cooperativas más importantes de la provincia (Concordia y Gualeguaychú) acumulan cifras millonarias impagas, lo que puede comprometer patrimonialmente a la provincia. (APFDigital)
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por