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» El Ciudadano
Fecha: 22/07/2025 15:54
Un chofer del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y delegado gremial fue imputado este viernes por el delito de malversación de caudales públicos. La acusación se llevó a cabo en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y estuvo a cargo del fiscal Matías Ocariz, quien tiene a su cargo el caso que comenzó con una denuncia que presentó el intendente Pablo Javkin el 8 de mayo último por la utilización de una ambulancia para bloquear calles durante una protesta frente al municipio. El imputado es Daniel F., de 51 años, con casi dos décadas siendo enfermero y chofer de ambulancias. Fue asistido por el abogado Gustavo Feldman y quedó en libertad tras la imputación. La pena para el delito de malversación de caudales públicos en Santa Fe oscila entre dos y diez años de prisión, con inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Acusación: una ambulancia con destino de protesta Según la imputación fiscal, el 8 de mayo último alrededor de las 10, el chofer denunciado pese a no encontrarse de guardia y habiendo recibido una denegación explícita de autorización por parte de la Dirección del Sies, retiró el móvil 23 (una ambulancia Peugeot modelo 2025, dominio AH197AL) de su base en Dante Alighieri 2510. El destino de la unidad, de acuerdo con la Fiscalía, fue en las inmediaciones del Palacio Municipal. Ocariz precisó que la estacionó en Santa Fe, entre Buenos Aires y Córdoba, donde se desarrollaba una asamblea gremial. El fiscal detalló que Daniel F. engañó al encargado de guardia de movilidad del Sies, al manifestarle que sí contaba con la autorización para que le entregara la unidad. Además, sostuvo que esta acción «otorgó a la ambulancia mencionada una aplicación diferente a la que estaba destinada, entorpeciendo además el servicio de salud para la cual fue adquirida por el Estado». La acusación subrayó que el servicio de emergencia de la ciudad no contó con dicha unidad mientras estuvo bajo el mando del chofer en la asamblea. Como evidencia, presentó comunicaciones de WhatsApp de dos días antes de los hechos, donde el imputado le habría manifestado al Director del Sies, Cristian Bottari, frases como: “El servicio va a quedar resentido . . . esta vez vamos a hacer resentir realmente el servicio . . . vamos a llevar todos los móviles posibles y que se pudra todo. Esta vez se lo vamos a hacer sentir, si están duros, nos vamos a poner más duros todos”. Indicios presentados En la imputación, Ocariz fundamentó la hipótesis con el siguiente material: La denuncia formal de Pablo Javkin, donde el intendente manifestó que el uso de recursos municipales para fines «extra estatales» ponía en riesgo la debida prestación del servicio, y que el delegado gremial había retirado una unidad no programada para el corte de calles. Imágenes y videos de medios de comunicación como Cadena 3, que muestran la asamblea y la ambulancia involucrada. Registros del sistema de geolocalización del Sies, que ubicaron a móviles en las cercanías de la Municipalidad. Un acta de incidente del Sies del 8 de mayo, que documenta la denegación de autorización para el desplazamiento de los móviles y la posterior presencia de cinco unidades en el lugar de la asamblea, interrumpiendo el tránsito. Declaración administrativa y entrevista en sede fiscal al director del Sistema, Cristian Bottari, quien relató la cadena de eventos, la falta de autorización y la comunicación previa con Daniel F., la cual calificó de «amenazante». Bottari también mencionó que el chofer retiró la unidad «como si fuera suya» y que ni siquiera estaba operativa. Chats de WhatsApp entre el imputado y el Director del Sies, donde evidencian las intenciones de «resentir el servicio». Audios de handies del sistema oficial de comunicación, que según la fiscalía, fueron utilizados por los delegados para comunicaciones gremiales, interrumpiendo un servicio esencial. Videos que capturan la llegada del sospechoso uniformado al playón de las unidades y el retiro de la ambulancia. «Rechazo la imputación y hay persecución gremial» Por su parte, Daniel F. hizo uso de la palabra y, si bien no contestó preguntas de la Fiscalía, rechazó categóricamente la imputación. En su declaración, sostuvo tener «casi 20 años trabajando para la Municipalidad de Rosario, como enfermero y chofer del Sies» y «siete años como delegado gremial con tres mandatos consecutivos, elegido en forma legítima por casi el 90 por ciento de mis compañeros». El acusado aseguró, además, que nunca cometió ningún delito y que «lo dicho en la denuncia sobre mi conducta es falso». A lo largo de su relato, Daniel F. manifestó que la denuncia se hizo «cuando pusimos en evidencia desde el sindicato que el intendente por una cuestión electoral nos usaba como chivo expiatorio». Agregó que la acusación «obedece a la tesitura estigmatizante del intendente y a su recurrente comportamiento antisindical», y que ha sufrido «hostigamiento laboral, persecución gremial y vulneración de mis derechos médico laborales». El delegado gremial se comprometió a explicar y documentar «lo que realmente ocurrió» a través de su defensor, y solicitó que citaran a ambos denunciantes, por el intendente y el director del Sies, a deponer bajo juramento de decir verdad, con la posibilidad de interrogarlos. Este caso evidencia un desarrollo complejo, con la Municipalidad ratificando su compromiso de ir a la Justicia y el imputado defendiendo su accionar y denunciando persecución.
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