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Parana » Informe Digital
Fecha: 18/07/2025 14:35
El gobierno de La Libertad Avanza, mediante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), liderada por el abogado Diego Spagnuolo, está realizando una auditoría destinada a un millón de beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral. Hasta el momento, un 60 % de los beneficiarios no se ha presentado para verificar el cumplimiento de los requisitos, lo que garantizaría que las pensiones se entreguen exclusivamente a quienes realmente las necesitan. Hasta la fecha, 65.230 beneficios han sido suspendidos por diversas irregularidades. Asimismo, 8.207 personas han optado por renunciar voluntariamente a la asignación estatal para evitar posibles juicios por no cumplir con los requisitos. Además, se han dado de baja 6.643 pensiones porque los titulares han fallecido, aunque un familiar continuaba cobrando la transferencia social. En total, el Estado ha dejado de abonar 80.080 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Estas bajas generan un ahorro de más de 23 mil millones de pesos mensuales, exactamente $23.143.120.000. Este monto se obtiene al multiplicar la cantidad de suspensiones y bajas por los $289.000 mensuales que recibían, distribuidos entre los $219.000 que equivalen al 70 % de la jubilación mínima y un bono de $70.000. En los despachos oficiales se especula que, tras la auditoría, las bajas podrían sobrepasar los 250.000 beneficiarios, como mínimo. Las principales causales de estas suspensiones incluyen el incumplimiento de los requisitos mínimos para acceder a la pensión y la reiterada inasistencia a las auditorías, sin justificación. Estas suspensiones podrían convertirse en bajas definitivas al concluir el proceso. Las autoridades de la ANDIS manifestaron que “la importancia de estas auditorías es un paso esencial para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que verdaderamente requieren apoyo reciban la asistencia correspondiente”, y esperan que “este proceso se mantenga, favoreciendo una mayor transparencia y justicia en la distribución de los beneficios”. La auditoría abarca a todas las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, concedida bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, junto con sus modificaciones. Se recordó a este medio que la medida “no incluye a menores de edad ni a quienes ya han sido auditados en 2024”. Las auditorías están a cargo de profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad. Los beneficiarios recibirán una carta documento que incluye la fecha, hora y lugar donde deben presentarse, de acuerdo con el domicilio que declararon al acceder al beneficio. Si no responden, se envía una segunda intimación. La falta de asistencia resultará en la suspensión del beneficio. En esta etapa, una tercera instancia se comunica al banco donde cobran, informándoles que no recibirán la asistencia, salvo que regularicen su situación contactándose con la ANDIS para coordinar una revisión médica. Si no lo hacen, el trámite para la baja definitiva se iniciará. Durante la auditoría se revisan los documentos que certifican la condición médica del beneficiario. Por tal motivo, es fundamental presentar el Documento Nacional de Identidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo posee, y los certificados médicos que justificaron el acceso a la pensión. Spagnuolo y los funcionarios del Ministerio de Salud manejan una hipótesis basada en testimonios y causas judiciales en curso, como es el caso de Chaco y Salta. Se sospecha que durante el último gobierno kirchnerista, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se habrían otorgado hasta mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en actos políticos, lo que representaría alrededor de 300 millones de pesos mensuales. “Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández implementaron una política de subsidios discrecionales, no en función de una evaluación médica y de necesidad social en contextos de vulnerabilidad manifiesta. Es algo que estamos revirtiendo”, sostienen. Existen casos escandalosos: certificados que indicaban “amputaciones” que no eran tales; una radiografía utilizada en 150 trámites; diagnósticos por “pie plano”; una mujer disfrazada que se hizo pasar por su esposo; reclusos que se presentaron a la evaluación; e incluso fallecidos que seguían cobrando el beneficio estatal. El 12 de febrero pasado, el gobierno de Javier Milei, en el marco del reordenamiento del sistema llevado a cabo por el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, comenzó a enviar las primeras cartas documento para auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral activas. Desde la Casa Rosada se sospecha que durante las últimas dos décadas los gobiernos, en especial los de la administración kirchnerista, usaron la concesión de este tipo de beneficios con fines políticos. “Las estadísticas no engañan —afirma Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS—: entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un incremento sin precedentes, incluso en países que han atravesado guerras mundiales”, comenta, y añade: “Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esa cifra volvió a aumentar, alcanzando unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023.” El Decreto 842/2024, firmado por el Poder Ejecutivo el 9 de abril de 2024, establece un nuevo marco normativo para las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en Argentina. Por ejemplo, se crea un nuevo Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este decreto también exige la actualización de datos y la reinscripción de todos los beneficiarios, endurece las condiciones de incompatibilidad (como la percepción de otros ingresos o situaciones judiciales pendientes), y otorga mayores facultades a la ANDIS para auditar, suspender o dar de baja pensiones. Se le autoriza a intercambiar información en tiempo real con otros organismos estatales, como el Ministerio de Justicia, ANSES, PAMI y AFIP. Además, la ANDIS está autorizada a “suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades”. Por ejemplo, se han detectado: – 212 reclusos cobrando de forma irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. El 85 % de estas pensiones a reclusos fueron otorgadas durante los gobiernos kirchneristas. – 331 prófugos de la justicia también estaban recibiendo estas pensiones. – Un hombre contaba con cuatro diagnósticos de salud diferentes y, al ser convocado para la revisión médica, “asistió acompañado de un abogado”. – Existían beneficiarios con documentación incompleta o diagnósticos falsificados, quienes alegaron haber recibido la pensión “respaldados por representantes del Movimiento Evita”. – En otro caso, fue su hijo quien asistió a la auditoría en lugar del beneficiario, y reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobraba la pensión. El gobierno también derogó el sistema anterior que permitía evaluaciones más flexibles, y que, según las autoridades de la ANDIS, facilitó la inclusión de beneficiarios que no cumplían con los requisitos médicos. La nueva legislación establece que “todos los beneficiarios deberán revalidar su condición a través de una declaración jurada actualizada y una nueva evaluación médica”, y “se fijará un plazo obligatorio para la reinscripción, al final del cual los beneficios podrán ser suspendidos o dados de baja”. El decreto especifica que no podrán acceder ni mantener la pensión aquellas personas que: – Estén detenidas o prófugas de la justicia. – Perciban otros ingresos regulares que superen el monto establecido como tope por la legislación. – Sean beneficiarios de otras prestaciones previsionales o de planes sociales incompatibles. En entrevista con Infobae, Diego Spagnuolo expresó que: “Este escándalo revela la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de garantizar que solo aquellos que realmente lo necesitan puedan acceder a estas prestaciones”. El ex abogado de Javier Milei destacó que su gestión frente a la ANDIS “avanza hacia la transparencia y justicia en un sistema que, hasta ahora, ha estado marcado por el abuso” y aseguró que “no se le quitará el beneficio a quien verdaderamente le corresponda”, pero que sí lo perderán “aquellas personas a las que se les otorgaron de manera fraudulenta durante las últimas gestiones”.
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