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» Comercio y Justicia
Fecha: 18/07/2025 07:04
Por Pilar Viqueira Los planteos ante el Judicial relacionados con el destino de los embriones criopreservados se resuelven con distintos argumentos y suerte. Por el vacío legal, la Justicia no termina de fijar un criterio. En julio de 2018, por ejemplo, el Juzgado de Familia Número 1 de Mendoza homologó lo convenido por dos ex cónyuges en el marco de un divorcio respecto a cesar la criopreservación de sus embriones. En 2019, el Juzgado de Familia Número 8 de La Plata, en un decisorio sin precedentes en ese momento, autorizó el descarte de los embriones de una pareja que, si bien seguía unida, no quería tener más hijos. Se trató del tercer caso vinculado a la materia que se resolvió en el país y en la sentencia se instó al Congreso Nacional a legislar la temática. Pandemia Ese mismo año, un grupo de diputados asesorados por médicos y abogados presentó un proyecto para regular el destino de los embriones no implantados. Incluyó precisiones sobre el cese de la criopreservación y sobre el uso para investigación o donación. Durante el debate en comisión, los legisladores coincidieron en la importancia de que la normativa se aprobara, para que las personas que acuden a Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) sepan a qué atenerse. Sobre el final del año, la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja dictaminó favorablemente, pero la pandemia frenó los avances. Descarte A fines de 2021, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil falló a favor de una pareja que se separó y quiso desechar sus embriones para poner fin a la relación contractual con la clínica que los criopreservaba: consideró innecesario el trámite de autorización judicial cuando las partes están de acuerdo. En lo que refiere a la situación jurídica del embrión, destacó que en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en “A. M. y otros versus Costa Rica” concluyó que no puede tener la misma protección que una persona. Sin embargo, poco antes, la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la autorización requerida por una pareja para el cese de la crioconservación de sus embriones y dispuso la intervención del Ministerio Público de la Defensa para que tomara “medidas pertinentes” para su protección. En primera instancia se resolvió que los actores no necesitaban autorización judicial y que debían presentarse por “la vía y forma” correspondiente para resolver el contrato que suscribieron. El juez de grado asimiló el caso a la situación de los padres que deben decidir si retiran las medidas de un hijo para prolongar en el tiempo un estado irreversible y valoró que, como representantes legales de los embriones, estaban “plenamente facultados” para disponer el cese en la crioconservación. El Ministerio Público de la Defensa apeló y la Alzada admitió su recurso. Estimó que es “inexacto” que los embriones se encuentren en una situación de “enfermedad irreversible o incurable” o en un “estado terminal” o similares. Valoró que, en todo caso, están en un estadio inicial. En abril de 2021, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó la negativa a una mujer que invocó su derecho a la maternidad y a formar una familia para que le implantaran los embriones que congeló con su ex pareja. Citó tener una enfermedad que afecta sus óvulos y su avanzada edad, pero no tuvo éxito. En Córdoba, a comienzos de 2022, en sentido similar, al razonar que, aunque en el convenio entre la accionante y su ex marido se estableció la libre disponibilidad de los embriones criopreservados, ello no liberaba a la clínica demandada de pedir el consentimiento “conjunto y actual” del hombre al momento de efectuar cualquier acto que pudiera afectarlos, la Cámara 8ª en lo Civil y Comercial rechazó la apelación de la mujer para retirarlos del establecimiento. En junio de 2022, teniendo en mira que el Congreso votó una ley que admite la interrupción del embarazo sin distinguir si se trata de uno natural o por TRHA y que, en definitiva, ello implica “la destrucción de un embrión ya implantado en el seno materno”, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul ratificó un fallo que autorizó la destrucción y descarte de los tres embriones de una pareja divorciada. El tribunal recordó que, entre otros fundamentos, el Legislativo proclamó que se protegía la libertad de elegir y opinó que no hay diferencia entre respetar la autonomía de la voluntad de quien no quiere ser madre estando embarazada y la de la mujer que no está gestando los embriones que produjo. Añadió que “podría resultar discriminatorio que a quien es gestante en forma natural se le conceda la posibilidad de decidir respecto de su planificación familiar y de procreación” y que a quien necesita de una TRHA se le niegue tal derecho “porque los métodos utilizados por la ciencia médica generan más embriones de los que resultan de una fecundación natural”. Proyecto Recientemente, el diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que indica que los embriones criopreservados podrán destinarse únicamente a implantación con fines de gestación, a donación a terceros o con fines de investigación científica o a “su disposición final luego de cumplidos los plazos máximos”. En este punto, fija un plazo de 10 años desde la criopreservación, tras el cual los titulares deberán prestar un nuevo consentimiento sobre disposición. Prevé que el congelamiento podría renovarse sucesivamente hasta que la mujer cumpla 51 años. También incorpora un marco para resolver conflictos entre los titulares de los embriones, estableciendo que se priorizará la postura del que sostuviera la negativa a la implantación, a la donación y a la suspensión de la conservación. Propone además la creación del Registro Nacional de Embriones Criopreservados destinado a garantizar su trazabilidad resguardando la confidencialidad de la información. El cordobés sostuvo que la norma “responde a una demanda creciente de la sociedad”, pero admitió que su proyecto contiene temas debatibles.
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