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» Data Chaco
Fecha: 17/07/2025 14:51
Organizaciones de derechos humanos y referentes políticos alertaron sobre la deportación de Juan Pedro Martínez, un migrante uruguayo que vive en Argentina desde hace dos décadas. El hecho ocurrió cuando el hombre acudió a renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y fue detenido por las autoridades migratorias. Según denuncian, se trataría del primer caso de deportación bajo el gobierno de Javier Milei. La diputada nacional Vanina Biasi difundió el caso en sus redes sociales y aseguró que se trata de una "acción intimidatoria contra la población migrante" que busca generar miedo y disciplinamiento. "Es un montaje para amedrentar. Lejos de estar cometiendo un delito, Juan Pedro estaba tramitando su documentación", expresó. Biasi explicó que la deportación se justifica en una causa penal que Martínez tuvo hace cinco años, pero que ya fue resuelta por la Justicia. "No tiene deudas judiciales ni está vinculado a ningún proceso penal vigente. Utilizan esa causa cerrada como excusa para deportarlo", denunció la legisladora. Juan Pedro Martínez reside en el país hace 20 años, está casado, tiene dos hijos y participa activamente en la comunidad cultural afrouruguaya. En redes sociales, fue presentado como "trabajador, candombero, esposo y padre de familia" y señalado como "el primer deportado por el Gobierno de Milei". El gobierno ordenó deportar a un migrante afrouruguayo. Tiene una familia, dos hijos y una hija argentinos, y toda una vida en el país. ¿Qué espera el Congreso para revisar el decreto? pic.twitter.com/5RciJqTwDl — CELS (@CELS_Argentina) July 16, 2025 La denuncia de su esposa: "Rompieron una familia" En diálogo con los medios, su esposa, Paola Arismendi, expresó su angustia y cuestionó duramente la medida: "Rompieron una familia. Se llevaron a mi marido, la otra parte de mi vida. Mis hijos están destrozados. ¿Qué puede entender Milei del amor?". Según relató, desde el cambio de gobierno, hubo un endurecimiento en el trato a los migrantes que ahora se refleja en este tipo de decisiones. El caso reavivó el debate sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente, que endurece las condiciones para acceder a la residencia y facilita la expulsión de personas extranjeras por causas menores. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron: "¿Qué espera el Congreso para revisar el decreto?". Distintas organizaciones sociales y políticas denuncian que este tipo de acciones constituyen un avance sobre los derechos humanos y llaman a movilizarse para evitar nuevos casos similares. Notas Relacionadas
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