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» Diario Cordoba
Fecha: 17/07/2025 13:45
Los detalles de la investigación realizada por un juez de Tarragona sobre las actividades de Equipo Económico, el despacho fundado por el que fuera dos veces ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, apuntan a una organización que anidó en las más altas instancias del propio Ministerio y que amañaba leyes para favorecer a empresas gasísticas a cambio de beneficios económicos. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal M.", señala uno de los correos intervenidos a los que alude el instructor en su auto de imputación. La instrucción revela el modus operandi de dos operaciones concretas para modificar hasta dos tipos de impuestos: la primera logró obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, mientras que en la segunda ocasión llegaron a tocarse los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en relación con el Impuesto de Actividades Económicas. En el auto en el que el titular del Juzgado Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, notifica formalmente su imputación al exministro del PP y a casi una treintena de personas y empresas más, entre los que se encuentran algunos exresponsables del equipo de Montoro en Hacienda, se explica al detalle cómo la organización influyó de forma decisiva en reformas legislativas favorables. La primera de esas dos ocasiones, en las que la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) acude a Equipo Económico, está relacionada con la obtención de una modificación legislativa con la finalidad de obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. A lo largo del año 2013, algunas empresas del sector gasístico se organizan para conseguir que se les incluya entre los sectores que iban a beneficiarse de una bonificación impositiva mediante la aprobación de la Ley 16/2013. Para ello, tanto la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) como la Asociación de Empresas con Gran Consumo deEnergía (AEGE) intentaron que se les incorporase entre aquellos sectores que iban a beneficiarse de la rebaja impositiva, según recuerda el juez en su auto. Enmienda del PP Así, vehicularon su pretensión vía propuesta de mejora a la enmienda número 80 presentada por el Grupo Parlamentario Popular e incluso remitieron una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda, interesando que la asociación fuese incluida en este beneficio fiscal. Sin embargo, sus pretensiones no fueron atendidas. "Como se desprende de los correos intervenidos y tal y como consta en las actuaciones, la AFGIM, tras no obtener las reformas pretendidas, decidió cambiar su estrategia y decide contratar a Equipo Económico, a sabiendas, como así se dice en uno de los correos intervenidos, que se trata de un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva", relata Rus Incluso se dice que la vía más directa "como siempre", es pagar a este despacho que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. De forma paralela, las empresas implicadas -- Air Liquide, Abello Messer, Praxair (Nipon Gases), Soc Esp Carburos Metálicos y la propia asociación AFGIM-- contrataron a la consultora Ernest&Young con la finalidad de que hiciese el trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por el despacho fundado por Montoro. La razón para ello, según el juez es que los pagos que realizan a Equipo Económico lo son aparentemente para la elaboración de dicho informe, a lo que hay que añadir que a pesar de la diferencia entre los informes elaborados por EY y Equipo Económico es abrumadora la diferencia de facturación entre ambas. "Todo cambia tras la intervención de Equipo Económico, que en un escaso período de tiempo y mediando precio, logra para las empresas gasísticas la reforma legislativa que éstas pretendían, a través de la Ley 28/2014 y el RD 1074/2014", concluye el juez sobre esta operación. Con estas reformas, lograron además modificar el criterio que hasta entonces utilizaba el Secretario de Estado de Hacienda para justificar la negativa a las pretensiones de las gasísticas. Para el juez "es llamativo dicho cambio de criterio en tan breve periodo de tiempo, período en el que no se produce una modificación sustancial del marco económico presupuestario que justificase dicho cambio". Acceso al Ministro Las investigaciones llevadas a cabo ponen de manifiesto que los pagos que AFGIM realiza a Equipo Económico tenían por objeto permitir el acceso al Ministro de Hacienda y al Secretario de Estado de Hacienda, y destacan también la intencionalidad de la trama para aprobar una modificación que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el 50% de los costes de producción. Igualmente, el juez encuentra indicios de que correspondió a la asociación de empresas la propia redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma, dando lugar a una situación "que podría calificarse cómo de sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase pre legislativa de la elaboración de la ley así como de su reglamento de desarrollo". También considera relevante que la intervención de Equipo Económico logró presuntamente, en menos de un mes, la modificación consecutiva tanto de la Ley 28/2014 como la del RD 1074/2014 que modifica el Reglamento de Impuestos Especiales. La segunda operación por la que el juez Rubén Rus imputa a Montoro, por la vinculación entre la AFGIM y Equipo Económico, se refiere a una es una rebaja fiscal a las gasísticas en el impuesto de actividades económicas (IAE) a través de la modificación en 2018 de un real decreto de 1990. Según el magistrado, en ella se “vuelve a reproducir el mismo esquema”. “Desde finales de la primera década del siglo XXI, las gasistas estaban tratando que los ayuntamientos donde radican sus plantas de producción o envasado les aplicasen las tarifas recogidas en el epígrafe 251.3 del RDLeg 1175/1990 en lugar de las del 253.1 que era el que se les venía aplicando”, al ser “notablemente inferiores”, explica en su resolución. Para ello, entre 2003 y 2013 "recurrieron reiteradamente a la justicia ordinaria, que siempre respaldó a los ayuntamientos", e incluso a la Dirección General de Tributos, pero tampoco obtuvieron éxito. “Solo con la intervención de Equipo Económico” insiste el juez, en febrero de 2017, “mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas, mediante la modificación del IAE a través la ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado que modificó el Real Decreto Legislativo 1175/1990”. Imputados en el caso de la empresa Equipo Económico. / Nacho García En esta ocasión también se contrató a EY para que realizase un informe que representase la realidad del negocio. Todo ello apunta a que el pago realizado al despacho "no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia y así lograr la reforma legislativa a su favor”, añade el auto. La investigación ha acreditado que “fue la propia AFGIM, la que redactó, y a través de EE, hizo llegar a la Subdirección General de Impuestos Locales de la Dirección General de Tributos, la propuesta de redacción de los epígrafes en discordia”. El texto que remitió la organización coincide exactamente con el recogido en la ley. Suscríbete para seguir leyendo
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