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  • Soberanía en juego: el juicio contra Argentina y la ley internacional

    » Radiosudamericana

    Fecha: 17/07/2025 00:03

    Miércoles 16 de Julio de 2025 - Actualizada a las: 16:09hs. del 16-07-2025 COLUMNA DE OPINIÓN En esta columna, el Dr. Norberto Breard analiza el juicio en curso contra la Argentina en Nueva York por la expropiación de YPF, y defiende la necesidad de respetar la inmunidad soberana. Señala las inconsistencias del reclamo impulsado por un fondo buitre, cuestiona la legitimidad del proceso y advierte sobre los riesgos jurídicos y económicos de convalidar una sentencia desproporcionada. La ley de inmunidad soberana debe respetarse. Así lo expresó en su momento el gobierno de Biden, y también lo sostiene ahora el de Trump, ambos en calidad de "amicus curiae" ante el tribunal. En su presentación, remarcan que la postura histórica de Estados Unidos es que sus jueces no tienen competencia para ejecutar bienes de Estados extranjeros. Tal como lo señala el escrito de 10 páginas: “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes, que exigen a la Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio, violarían las leyes de inmunidad soberana y no deberían ser concedidas por la Corte”. Un fondo buitre que invirtió apenas 16 millones de dólares no puede pretender una sentencia de 16 mil millones. El Congreso argentino debe ratificar la Ley 26.741, y se debe demostrar la teoría del árbol envenenado: si el origen es ilegítimo, todo el fruto también lo es. La operación entre Ezkenazi y Burford fue espuria desde su origen. La Corte Suprema de Justicia de la Nación también tendrá un rol clave. Como no hay prórroga de ejecución de sentencia, si se llegara a esa instancia, deberá resolverse en el país y declarar la inhabilidad del título. El Procurador del Tesoro debe continuar defendiendo que estamos ante una especie de “magia procesal”: Argentina no debe esa suma. Y, en todo caso, aplicar los precedentes correctos de la jurisprudencia monetaria de EE.UU., que estiman que el valor real de la deuda sería de 1.500 millones de dólares, y no los 16.000 millones que calculó erróneamente la jueza, producto de una actualización indebida. POR - NOEL BREARD

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