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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 16/07/2025 13:58
(ADN).- El sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) presentó ayer una impugnación formal contra la resolución firmada por el intendente Walter Cortés que convoca a un referéndum “popular, obligatorio y vinculante” para el próximo 9 de noviembre. Se trata del primer planteo institucional que cuestiona la legalidad, la validez política y la viabilidad técnica del proceso, antes incluso de que la Junta Electoral Municipal recibiera oficialmente la documentación que habilita el mecanismo. La impugnación fue dirigida a la Junta Electoral, al Concejo Municipal y al propio jefe comunal. En el texto, el SOYEM advierte sobre la existencia de “vicios jurídicos sustanciales” que, según sostienen, configuran una nulidad absoluta e incluso una inconstitucionalidad en la convocatoria, reveló Radio Con Vos Patagonia. El sindicato señala una serie de objeciones de fondo, comenzando por el uso de ordenanzas derogadas como sustento legal, entre ellas la Ordenanza 817-CM-97, que ya no está vigente. Además, cuestionan que se haya invocado la Ley Provincial Nº 2353 -una norma pensada para municipios sin Carta Orgánica propia- cuando Bariloche cuenta con su carta magna desde 2007. Uno de los ejes más delicados del planteo es la acusación de “usurpación de funciones” al Concejo Municipal. Según la interpretación del SOYEM, el Ejecutivo no está facultado para convocar de forma unilateral a un referéndum sin intervención del cuerpo deliberativo. Recuerdan que el único antecedente local, el debate por el desembarco de Changomás, fue autorizado expresamente por ordenanza del Concejo. La resolución también fue objetada por excluir del padrón a los residentes extranjeros con ciudadanía permanente, algo que el gremio considera “discriminatorio e inconstitucional”, en contraposición con lo que establece la Carta Orgánica local y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. “Esta exclusión viola el principio de igualdad ante la ley”, remarca el documento, destacando que muchos de estos vecinos pagan impuestos, utilizan servicios y participan activamente de la vida comunitaria. Desde el SOYEM también se denunció falta de rigurosidad técnica: se combinan temas de distinto nivel de complejidad en una misma boleta, sin estudios de impacto ambiental, económico ni presupuestario. Algunos de los asuntos propuestos ya cuentan con resoluciones judiciales vigentes -como las licencias gremiales o la contribución turística-, lo que, según afirman, podría derivar en consultas “innecesarias o incluso contradictorias con fallos en curso”. Por si fuera poco, el sindicato también plantea dudas en torno a la confección de las boletas, que queda enteramente en manos del Ejecutivo sin control de la Junta Electoral. Tampoco se regula el financiamiento de las campañas ni se garantiza la equidad entre las posturas a favor o en contra. El escenario anticipa tensión. La resolución fue firmada por Cortés el lunes 14 de julio e incluye diez preguntas sobre la regulación del transporte por plataformas digitales, la emergencia habitacional, los planes sociales y la continuidad del actual sistema de licencias sindicales, entre otras. Todas las preguntas serán obligatorias, vinculantes y con voto obligatorio. Para el SOYEM, el proceso refleja un intento del Ejecutivo por evadir el control institucional, apelar al electorado sin deliberación legislativa y presentar un esquema de “democracia directa” sin garantías de neutralidad ni de legalidad plena. En su escrito, el gremio advierte que tomará acciones judiciales si no se declara la nulidad de la convocatoria. En ese marco es que pidieron además su suspensión inmediata.
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