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Parana » AIM Digital
Fecha: 16/07/2025 13:22
La disolución por decreto de Vialidad Nacional, en un contexto de paralización de la obra pública, encendió alarmas en el Congreso y entre los gobiernos provinciales. A pesar de la media sanción obtenida en el Senado para mejorar la coparticipación de fondos derivados del impuesto a los combustibles, aún no está garantizado que ese dinero se destine al mantenimiento de las rutas. El recorte de organismos clave, sumado a la eliminación de fideicomisos destinados a infraestructura, genera un vacío de gestión que afecta directamente a las condiciones de transitabilidad en todo el país. Una señal concreta de esta preocupación ocurrió en una provincia del interior, que colocó carteles viales advirtiendo sobre el "estado catastrófico" de las rutas nacionales. Fondo aprobado, destino incierto La reforma aprobada en la Cámara alta elimina fondos y fideicomisos estratégicos —como los de Infraestructura Hídrica, Transporte y el Sistema Vial Integrado— y aumenta el porcentaje de distribución para las provincias del impuesto a los combustibles, llevándolo del 25,47 actual a un 57,02 por ciento de libre disponibilidad. Sin embargo, el proyecto no establece que esos fondos deban ser utilizados en obras viales. Legisladores del peronismo y del radicalismo coinciden en que, de no especificarse el destino, el dinero podría diluirse en gastos corrientes. En ese sentido, existían iniciativas anteriores de los diputados Guillermo Andrada (Catamarca) y Sergio Leavy (Salta) que proponían vincular explícitamente esos recursos a Vialidad y al mantenimiento de rutas, pero no prosperaron en el articulado aprobado. Estrategias en marcha y advertencias desde el interior El panorama se complejiza con la eliminación del Fondo Fiduciario de Infraestructura, uno de los instrumentos más utilizados por las provincias en los últimos años. Ese fondo había tenido entre un 75 y un 80 por ciento de ejecución trimestral incluso durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Sin esa herramienta, los gobernadores pierden un canal clave para financiar obras viales. En Diputados, referentes de ambas bancadas confirmaron que ya mantuvieron reuniones informales con trabajadores y exdirectivos de Vialidad Nacional para delinear una estrategia parlamentaria que permita declarar la emergencia en el mantenimiento de rutas nacionales y garantizar una asignación presupuestaria específica. “La situación es crítica. Si no se invierte, la gente se va a matar, va a romper sus autos o los camiones no van a poder circular”, advirtió un legislador que reconoció que su voto dependerá de la postura del gobernador de su provincia. Licitaciones en marcha, pero sin planificación clara Mientras tanto, la Secretaría de Obras Públicas lanzó licitaciones para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el futuro del sistema vial y la capacidad de ejecución de los actores privados sin un respaldo financiero o institucional sólido. Desde la Cámara de Diputados aún esperan una respuesta al pedido de informes aprobado el 8 de abril, en el que se solicitaba a la Secretaría detalles sobre el plan de infraestructura vial, los alcances del desmantelamiento de Vialidad Nacional y las proyecciones para 2025. El debate continúa abierto. Las provincias, con legisladores cada vez más presionados por la demanda social y el deterioro de las rutas, serán clave para definir si el nuevo esquema de fondos logra traducirse en obras concretas o se convierte en otro capítulo de desinversión en infraestructura estratégica.
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