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Concordia » Hora Digital
Fecha: 16/07/2025 18:01
La fiscalía brasileña acusó al expresidente y colaboradores de "asociación armada" y tentativa de golpe tras las elecciones de 2022. La fiscalía de Brasil solicitó este martes 15 de julio la condena del expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores por delitos graves como "organización criminal armada", "tentativa de abolición del estado democrático" y "golpe de Estado", entre otros. Según el Ministerio Público, estos cargos están relacionados con un presunto intento de impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de octubre de 2022, además de los daños a bienes públicos durante los disturbios de enero de 2023 en Brasilia. Entre los implicados se encuentran figuras clave del entorno de Bolsonaro, como el exministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres y el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem. La fiscalía señaló a Bolsonaro como responsable directo del asalto a edificios gubernamentales en la capital brasileña, cuando miles de sus seguidores irrumpieron alegando fraude en los comicios que dieron la victoria a Lula. Por su parte, Bolsonaro se defendió en San Pablo, afirmando ser inocente y denunciando una persecución política en su contra. No obstante, ante la Corte Suprema admitió haber considerado "un dispositivo constitucional" para evitar la asunción del actual presidente, según reportes oficiales. El caso está ahora en manos del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien definirá el futuro del expresidente y sus colaboradores. Sin embargo, no se dispone de información verificable sobre amenazas de sanciones desde Washington hacia Moraes ni sobre declaraciones específicas de Donald Trump respecto a este juicio o aranceles del 50% a Brasil a partir del 31 de agosto, como se menciona en algunos reportes. Sobre estos puntos, no cuento con datos confirmados de fuentes oficiales hasta la fecha de corte (15 de julio de 2025). Es importante destacar que los eventos de enero de 2023 en Brasilia, donde seguidores de Bolsonaro atacaron sedes gubernamentales, han sido ampliamente documentados por medios y organismos internacionales. Estos hechos refuerzan las acusaciones de la fiscalía sobre la responsabilidad del expresidente en desestabilizar el orden democrático, un tema que sigue generando debate en Brasil y en la región.
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