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» Diario Cordoba
Fecha: 16/07/2025 21:55
El juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha notificado al exministro del PP Cristóbal Montoro y a casi una treintena de personas y empresas más, entre los que se encuentran algunos exresponsables de su equipo en el Ministerio de Hacienda, su imputación en una causa que investigaba en secreto desde diciembre de 2021 las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro mismo fundó en 2008 y del que se desligó en 2012. Las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", algo que lograron hasta en dos ocasiones, en primer término para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. EL PERIÓDICO viene publicando desde hace meses detalles de esta investigación relacionados con documentación y correos electrónicos remitidos al correo del ministro que fueron incautados en el desarrollo de estas investigaciones, y en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, frenó el intento de la fiscal del caso para ampliar las investigaciones iniciales a lo señalado en estos 'mails', pero ella se opuso y realizó algunas consultas, lo que le terminó costando una sanción disciplinaria. Mediante un auto dado a conocer este miércoles, el juez ha notificado tanto al ministro como a otras 28 personas y seis personas jurídicas involucradas su imputación por liderar una “organización” para traficar desde el Ministerio con la modificación de leyes y reglamentos a cambio de beneficios económicos. Se les atribuyen indiciariamente siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Pagos por al menos 779.000 euros En el período entre 2011y 2019, según la declaración presentada por Equipo Económico, los pagos recibidos por las gasísticas implicadas alcanzan los 779.705 euros, teniendo en cuenta además que los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias ( como la consultora EY) y en el mejor de los casos retocados por el despacho. "A pesar de ello las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes", detalla el juez. En el auto conocido este miércoles, que tiene fecha del 19 de junio y al que ha tenido acceso este periódico, levanta el secreto sobre las actuaciones y señala concretamente sobre el exministro que presuntamente habría hecho uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, "lo que presuntamente aseguraría una ganancia a Equipo Económico". El uso de tales potestades, habría permitido al despacho "poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público". Se ha constatado, agrega el juez, que el ex ministro habría entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho Equipo Económico, lo que aseguraría que "la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de reglamentos se redactasen a demanda de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello". De este modo, los nombramientos efectuados por Cristóbal Montoro permitieron según el juez Rus que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas de referencia quedase vinculado al despacho. Cargos de Hacienda Imputados El juez también imputa a otros nueve altos cargos del Ministerio que habían influido en la aprobación de las leyes entre los que se encuentra Miguel Ferré Navarrete, que fue Secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016 y que según el instructor ostentó "uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento a elevar recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas, con los que se reunió antes de aprobarse la ley", tal y como lo evidencian correos intervenidos en la causa, en los que se le menciona reiteradamente. También se investiga a Pilar Platero, subsecretaria de Estado de Presupuestos igualmente nombrada por Montoro, así como al subsecretario de Presupuestos y Gastos Felipe Martínez Rico -- que ocupó puestos de máxima confianza de Montoro, inicialmente como su director de Gabinete--, y los exdirectores generales de Tributos Diego Martín-Abril, José Alberto García Valera, Oscar del Amo o el que fuera director general de la AEAT Santiago Menéndez. El procedimiento también se dirige contra empresas Air Liquide, Abello Messer, Praxair (Nipon Gases), Soc Esp Carburos Metálicos y AFGIM, así como sus representantes legales, que según el juez habrían aceptado abonar a Equipo Económico "el precio solicitado por la organización investigada para obtener las reformas que perseguían". Modificaciones logradas En cuanto a las modificaciones logradas, el juez detalla que la primera ocasión en la que AFGIM acude a Equipo Económico está relacionada con la obtención de una modificación legislativa con la finalidad de obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Pretenden que se les incluya entre los sectores que iban a beneficiarse de una bonificación impositiva mediante la aprobación de la Ley 16/2013. Inicialmente, vehicularon su pretensión vía propuesta de mejora a la enmienda número 80 presentada por el Grupo Parlamentario Popular e incluso remitieron una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda, interesando que la asociación fuese incluida en este beneficio fiscal. Sin embargo, no se atendieron a sus pretensiones, razón por la que terminaron acudiendo al despacho fundado por Montoro. De forma paralela las gasísticas contrataron a la consultora Ernest&Young (EY), con la finalidad de que hiciese el trabajo efectivo con el que "ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por Equipo Económico (y ello porque los pagos que AFGIM realiza al despacho lo son aparentemente para la elaboración de dicho informe)", agrega el juez Rus. Agrega que "todo cambia tras la intervención de Equipo Económico, que en un escaso período de tiempo y mediando precio, logra para las empresas gasísticas la reforma legislativa que éstas pretendían, a través de la Ley 28/2014 y el RD 1074/2014". Con estas reformas, se modifica el criterio que, hasta entonces utilizaba el Secretario de Estado de Hacienda para justificar la negativa a las pretensiones de las gasísticas. Tiempo después se produce una segunda vinculación contractual entre las empresas investigadas y el despacho que se traduce en una rebaja fiscal a las gasísticas en el Impuesto Actividades Económicas a través de la modificación en 2018 del RDLeg 1175/1990. "Se vuelve a reproducir el mismo esquema", recalca el juez, que añade que "solo con la intervención de EE, "mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas", mediante la modificación del impuesto a través la ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado que modificó el Real Decreto Legislativo 1175/1990". Suscríbete para seguir leyendo
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