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» Radiosudamericana
Fecha: 16/07/2025 11:00
Miércoles 16 de Julio de 2025 - Actualizada a las: 08:57hs. del 16-07-2025 ESTAFA PIRAMIDAL Leonardo Cositorto recibió 11 años de prisión por estafas reiteradas, que se suman a los 12 años dictados en Corrientes. El tribunal acreditó una estafa piramidal de más de 770 millones de pesos. La Justicia de Salta dio a conocer los fundamentos de la sentencia dictada el pasado 4 de julio contra Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, y sus socios locales. En un documento de más de 500 páginas, los jueces explicaron cómo se demostró que la empresa actuó como una organización ilícita dedicada a una estafa piramidal que afectó a 118 personas en esa provincia, generando un perjuicio económico de $776.834.153. Según la investigación, Generación Zoe se presentaba como una firma de coaching y liderazgo personal, pero en realidad se trataba de un esquema Ponzi. A través de contratos o recibos, ofrecían “ganancias extraordinarias” a quienes invirtieran en fideicomisos, criptomonedas o productos denominados “bots”, como el “bot navideño”, que prometía duplicar lo invertido en tres meses. Los damnificados podían consultar sus supuestas ganancias a través de una plataforma digital, pero los comprobantes carecían de validez legal. A menudo eran simples tickets sin numeración, sin respaldo formal ante la AFIP. La estrategia de captación incluía conferencias, sorteos y reuniones masivas, en las que incluso se entregaban premios como motos y dinero en efectivo. El tribunal acreditó que las sedes de Generación Zoe en Salta estuvieron a cargo de Ricardo, Jorge y Ana Lucía de los Ángeles Vilardel, y Vilma Albornoz. Según el fallo, estos actuaron como miembros de una asociación ilícita y fueron los encargados de captar fondos, gestionar los contratos y operar cuentas bancarias a nombre de Ana y Jorge Vilardel. Ricardo Vilardel fue identificado por múltiples testigos como el encargado de efectuar los pagos en la provincia. La caída de Generación Zoe comenzó a evidenciarse en febrero de 2022, cuando se difundió una orden de detención contra Cositorto. Tras ello, los responsables locales intentaron relanzar el esquema bajo otra plataforma llamada “Sunrise”. Sin embargo, tras la detención de Cositorto en República Dominicana el 4 de abril de ese año, los acusados cerraron cuentas bancarias, oficinas y dejaron de responder a los damnificados. Entre las pruebas citadas en los fundamentos del fallo, se incluyeron conversaciones extraídas de los celulares de los implicados. En una de ellas, Ana Vilardel reconocía: “Tengo miedo de que no se pague y se altere la gente. A mí me chupa un huevo la gente”. En otra, comentaba: “Juntamos 100.000 dólares y nos vamos al pingo”. Su interlocutor respondió: “Re siii. Nos vamos a vivir a Noruega. De ley”. Los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Feans destacaron que la estafa se sostuvo gracias a una apariencia de legalidad, al uso de discursos motivacionales y a la exhibición de lujos en redes sociales. También mencionaron que muchas víctimas entregaron sus ahorros o solicitaron préstamos para participar en el esquema, incluso con fines urgentes como financiar intervenciones médicas. Condenas dictadas por el tribunal:
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