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» Elterritorio
Fecha: 16/07/2025 06:24
El sindicato de trabajadores viales busca declarar inconstitucional el decreto que disolvió el organismo. También reclaman garantías laborales. martes 15 de julio de 2025 | 20:00hs. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó este lunes un recurso de amparo ante la Justicia Nacional del Trabajo, con el objetivo de impugnar el decreto 461/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La acción judicial incluye una medida cautelar de no innovar, que pretende garantizar la continuidad laboral de más de 5.200 empleados hasta tanto se resuelva el expediente judicial. El amparo fue radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 23, a cargo de la jueza Marta Rey, y está patrocinado por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia. La presentación sostiene que el decreto del Ejecutivo nacional es “inconstitucional, ilegal y arbitrario”, y que viola derechos laborales y humanos fundamentales. “Este decreto concluye la aniquilación de organismos estatales con afectación directa a la estabilidad de trabajadores de áreas clave como la seguridad vial, la salud pública y las tecnologías aplicadas”, advierte el escrito. Los gremios denuncian además que el Ejecutivo no tiene facultades para disolver un ente autárquico creado por ley, como lo es Vialidad Nacional, al amparo del Artículo 76 de la Constitución, que restringe la delegación de facultades legislativas. Sin horizonte claro El texto judicial señala que la medida del Ejecutivo genera una amenaza concreta sobre el futuro laboral y operativo del organismo, afectando la previsibilidad de las tareas que realiza la DNV en un país que, por su dimensión geográfica, necesita una estructura vial sólida y profesional. "Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, técnicos y operarios", advierte el recurso. Además, los sindicatos remarcan que el cierre pone en riesgo la seguridad vial, la transparencia en los contratos y la continuidad de obras públicas estratégicas. Reclamo por la continuidad laboral En caso de que la Justicia no impida el cierre, el sindicato solicita que los empleados sean reubicados en otras dependencias estatales, manteniendo sus derechos, antigüedad, beneficios y condiciones laborales. A la vez, la medida cautelar de no innovar busca asegurar el pago de salarios y la preservación de los puestos de trabajo mientras avanza el proceso judicial. El reclamo cuenta con el respaldo de otros gremios estatales y se da en paralelo a gestiones ante gobernadores, legisladores y bloques parlamentarios que impulsan un proyecto de ley para derogar el decreto 461/25.
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