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Parana » Informe Digital
Fecha: 16/07/2025 05:24
El Banco Central se verá obligado a ceder USD 1.740 millones de sus reservas hasta las elecciones legislativas, en virtud de las obligaciones de pago en moneda extranjera que tienen empresas con obligaciones negociables emitidas, así como provincias que deben afrontar el pago de intereses y capital de sus bonos. En un contexto de tensión cambiaria persistente que en los últimos días llevó al Gobierno a intervenir mediante contratos de dólar futuro y, este martes, a reabrir el canal de pases pasivos con los bancos para absorber pesos y frenar la presión hacia la dolarización, el nivel de reservas sigue siendo uno de los indicadores clave que monitorea el mercado para los próximos meses. Históricamente, el tercer trimestre suele presentar, estacionalmente, los menores ingresos por liquidación de exportaciones, una vez superada la ventana de la cosecha gruesa en el agro. Durante este período, el Gobierno se verá en la necesidad de defender la estabilidad del tipo de cambio con una oferta menor por parte del sector privado, sumado al aumento de la demanda por importaciones y uso de divisas para turismo. Asimismo, otro factor que ejercerá presión sobre las reservas serán los pagos de deuda, no solo del Gobierno nacional (en agosto vencen USD 850 millones con el FMI, como el ejemplo más inmediato), sino también de la deuda corporativa de los gobernadores. De acuerdo con estimaciones realizadas por Portfolio Personal Inversiones (PPI) y Aurum Valores, dos consultoras financieras, entre empresas y provincias se presentarán pagos en moneda extranjera por alrededor de USD 1.740 millones hasta octubre. Detalladamente, se observa que septiembre será el mes más exigente para los gobiernos provinciales, con más de USD 500 millones, de los cuales USD 375 millones corresponden a la provincia de Buenos Aires. Otras jurisdicciones también tendrán compromisos de pago, aunque en montos significativamente inferiores, como Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En total, deberán abonar poco más de USD 780 millones hasta octubre. En cuanto a las empresas con obligaciones negociables en dólares, los picos de pagos a sus acreedores previos a las elecciones se producirán en agosto y octubre, superando los USD 260 millones en cada caso. Después de las elecciones, esta cifra podría aumentar a USD 400 millones mensuales hacia el final del año. Estos pagos tendrán lugar, como se mencionó, durante el trimestre de menor oferta privada y en un contexto de tensiones cambiarias típicas de un año electoral. Los analistas de Portfolio Personal Inversiones señalaron que “los productores podrían estar comprando dólares oficiales y los exportadores dólares financieros con lo liquidado por el MULC”. Aclararon que existe “una restricción cruzada” que impide la compra de divisas en ambos mercados simultáneamente, pero no restringe “la liquidación en uno (oficial) y la compra en el otro (financiero)”. El informe también describió un “salto estacional en el pago de importaciones energéticas”. Señaló que “a pesar de la mayor producción de Vaca Muerta, la importación de GNL se encuentra apenas un 15% por debajo de los niveles de 2024”. Además, advirtió que “la estacionalidad de las importaciones continúa aumentando hasta su pico característico en septiembre”. Recordó que desde la implementación del nuevo esquema cambiario el 14 de abril, “los importadores tienen acceso inmediato al MULC”. PPI mencionó que “la habitual dolarización preelectoral podría haber comenzado ya”. Aunque la elección nacional de medio término está prevista para el 26 de octubre, destacaron que “los tiempos podrían haberse adelantado debido al desdoblamiento de la elección en la Provincia de Buenos Aires, que será el 7 de septiembre”. El informe recordó que en años sin cepo “la formación neta de activos externos de las personas se duplicó o triplicó antes de los comicios, independientemente del estado de la economía o del signo político del oficialismo”. Finalmente, el análisis advirtió que “ante la creciente volatilidad del tipo de cambio, ciertos inversores podrían haber decidido cerrar sus posiciones en carry trade”. Resaltó que “la expiración de las LEFI y la consecuente reconfiguración del esquema de tasas de interés resultó en fuertes disminuciones en las tasas overnight y de LECAPs cortas”, lo que otorgó “un atractivo relativo al dólar”. Por su parte, PxQ consideró que, tan cerca de las elecciones legislativas, “una mayor volatilidad en el frente cambiario podría representar un riesgo para la estrategia antiinflacionaria de LLA”. El documento enfatiza que el control de precios es, a su vez, “su principal estrategia electoral”. El texto identifica varios elementos que podrían contribuir a la política antiinflacionaria oficial. Entre ellos, menciona “la extensión de la baja temporal de las retenciones”, aunque advierte sobre “el riesgo de retomar la dinámica del dólar-soja, tras un importante adelanto de reservas por parte del sector”. También se indican “emisiones en moneda extranjera de corporativos y provincias” y “el ingreso de divisas de no residentes para inversión de portafolio” como factores de alivio para la estrategia oficial. El informe aclara que si estas fuentes de divisas no fueran suficientes, “el Gobierno parece decidido a intervenir en el mercado cambiario”. Según el análisis, la intervención podría llevarse a cabo “de forma directa, apretando aún más la tasa de interés”, y también “de forma indirecta, mediante la venta de futuros de dólar”.
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