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Colon » El Entre Rios
Fecha: 16/07/2025 10:30
La disolución de Vialidad Nacional por decreto, en medio de una política de parálisis de obra pública, agravó la incertidumbre que existía sobre el estado de las rutas nacionales. La reacción ya llegó a la justicia e incluso a los mismos caminos: una gestión provincial colocó carteles de señalización para subrayar los baches por la falta de mantenimiento. A pesar del triunfo en el Senado, los fondos para infraestructura estatal no están garantizados y en el Congreso debaten alternativas.Lo aprobado la semana pasada elimina tres fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado, estos últimos dos con mucha pertinencia) y tres fondos (Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; Nacional de la Vivienda); y fija una mayor participación en la distribución del impuesto a los combustibles (hasta un 0,5% del PBI), pero no que esa suma vaya a destinarse al reacondicionamiento de caminos. En este momento, las provincias reciben 25,47% (que, en simultáneo, se distribuían un 10,4% al Tesoro local y un 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda). Esa suma pasará a ser del 57,02% de libre disponibilidad de aprobarse la ley, más un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.Lo cierto es que las provincias tendrán la última palabra. Un diputado sintetizó: “Mi postura va a ser la del gobernador”. Ese mismo legislador reconoció que “el mantenimiento de las rutas nacionales es una necesidad porque sino la gente se va a matar, o van a romper sus autos o los camiones no van a poder transitar como es debido”. La Cámara baja aún espera la respuesta a su pedido de informe -emitido por voto mayoritario en la sesión del 8 de abril- a la Secretaría de Obras Públicas, que como primera medida tras la disolución de Vialidad abrió licitaciones para concesionar más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales.
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